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Hacienda, Economía y la abogacía del estado pecaron de pasividad con la empresa pública.

Defex, una empresa que exportaba armamento como tapadera del estado

Defex, una empresa que exportaba armamento como tapadera del estado

Una empresa pequeña controlada por el Estado, con apenas 15 trabajadores, cuya actividad se desarrolla en el exterior y presenta beneficios año tras año, puede servir para muchas cosas. Puede servir para aquellas labores exteriores de las que a un Estado no le convenga dar explicaciones. La literatura al respecto es variada: pago de rescates por secuestros, compra de funcionarios extranjeros para abrir puertas... A esa interpretación llegaron quienes investigaron durante un tiempo las actividades de Defex.

Defex, empresa dedicada a la venta de armamento, participada por la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales) en un 51% y en cuyo accionariado hay empresas privadas, algunas de las cuales, caso de Maxamcorp Holding Assets (12%) y Expal Systems (8%), tienen sus matrices domiciliadas en EE UU, a quien también interesa que ciertas operaciones comerciales se hagan a través de terceros. Defex era una tapadera para tantas cosas.

El problema surgió cuando no se esperaba, en 2012: un aviso de Luxemburgo a la Fiscalía Anticorrupción sobre una transferencia sospechosa de 41,4 millones a Defex y a otra empresa sin actividad. De las primeras investigaciones se extrajo material suficiente como para detener a sus principales administradores y detectar pagos de comisiones excesivamente elevadas: sobre una operación en Angola de venta de material valorado en 50 millones se llegaron a mover 152,9 millones. Además de Angola, aparecían operaciones en Egipto, países sudamericanos y, también, Asia, con Arabia Saudí y otros países del golfo implicados.

Lo más sobresaliente era que Defex, por ser estatal, tenía en su seno funcionarios de la Agencia Tributaria. De cómo era posible que esos movimientos extraños no alarmaran a Hacienda, ni al Sepblac, el servicio antiblanqueo dependiente del Ministerio de Economía, los investigadores sacaron algunas conclusiones, que ampliaron cuando vieron la inacción de la abogacía del Estado para intervenir en el asunto. Y, para remate, cuando tanto el ministro de Defensa del momento, Pedro Morenés, y por extensión el Gobierno, se resistieron durante tiempo a cerrar la empresa.

Al final, la investigación no ha podido llegar demasiado lejos. En algunos papeles había algún nombre delicado y países incómodos. Uno de ellos, desde luego, Arabia Saudí.

El País

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