Venta de armas: 6.000 escudos humanos para un estado mercenario

Apelar a la subsistencia de 6.000 trabajadores de tu comunidad es pan para hoy y hambre para mañana, solo que el hambre será de otros: los bombardeados, los arrasados, los desplazados.

Se trata de no ser una sociedad mercenaria, unos gobiernos mercenarios, un Estado mercenario. Lo son todos los traficantes de armas, ya sean oficiales, es decir, a través de grandes contratos legales como el de Navantia, o extraoficiales, es decir, actuando en las bodegas de un barco bajo toneladas de melón. El de Navantia lo firmaron Mariano Rajoy y Felipe VI.

Vender armas a reinos como Arabia Saudí es colaborar con la más espantosa violación de los derechos humanos, fomentar la cultura de la violencia y de la guerra. Es lo que, amparado por la ley, hace el Estado español a través de sus distintos gobiernos. El del PSOE ahora, que ha tenido que humillarse ante las amenazas de los sátrapas y la presión de Díaz. De la presidenta andaluza no nos sorprende. Lo que no puede ser es que para vender esas armas apele al pan la misma izquierda que se indigna con la Asociación Nacional del Rifle en los Estados Unidos, ni mucho menos la misma izquierda que se lleva las manos a la cabeza al ver las imágenes del horror que llegan de Yemen. Esos niños ensangrentados han sido desmembrados con las mismas 400 bombas de precisión que se fabricaron en la Bahía de Cádiz.

Apelar a la paz para defender el pan haciendo armas es una contradicción en sus términos. Apelar a la subsistencia de 6.000 trabajadores de tu comunidad es pan para hoy y hambre para mañana, solo que el hambre será de otros: los bombardeados, los arrasados, los desplazados. La única diferencia es que son de otro lugar. Que la cercanía sea el criterio que rige tus principios éticos no supone solo que los árboles no te dejen ver el bosque, sino incurrir en un, digamos, relativismo geográfico que se parece mucho al nacionalismo xenófobo, solo que sustentado en una especie de sindicalismo abocado a la peor complicidad. Eso, o el cálculo electoral. Y mientras los 6.000 trabajadores tienen pan, sus patrones acumulan oro. Ensangrentado. El pan y el oro.

Si el pan es la justificación, todo vale. Por la consecución del pan habríamos entonces de aceptar cualquier método: ¿la prostitución infantil?, ¿el tráfico de órganos?. Nos escandalizamos con la mera formulación de estas preguntas, pero lo cierto es que existen redes formadas por personas (que tienen familias y pertenecen a comunidades) que viven de esas prácticas. Ello no quita para que las rechacemos de plano. Ni el hambre las justifica. Sin embargo, la guerra y sus consecuencias están casi siempre en el origen de esas prácticas, pues niños y niñas que sobreviven a los bombardeos pero lo han perdido todo acaban atrapados por las mafias. Y sin armas, no hay guerra. No esa guerra.

Nadie dijo que gobernar fuera fácil, pero no se gobierna desde la izquierda para colaborar con un sistema en el que uno de sus principales activos es la guerra. Si un alcalde de Podemos como Kichi se encuentra en el “dilema imposible” (así lo ha llamado Pablo Echenique, junto a otros dirigentes de Podemos cuyo cierre de filas en este tema es doloroso) que vive el alcalde de Cádiz, no debe continuar en el cargo. La palabra dimisión no se inventó solo para aplicar a los políticos corruptos, también a las personas íntegras. Dirán que dimitiendo se entrega todo (¿las armas?) al enemigo, que mejor poder hacer poco dentro que nada fuera. Dinámica cierta pero vieja: Podemos vino a hacer nueva política. Por cierto, desde las movilizaciones del ‘No a la guerra’. Kichi, también es cierto, clama por la reconversión de los astilleros gaditanos y por un nuevo modelo productivo, pero la paz, cuando es a vida o muerte (que se lo digan a las víctimas yemeníes), no puede esperar.

La industria de la armas es contraria a la civilización y a las aspiraciones evolutivas de la humanidad. Para que su maquinaria deje de funcionar, alguien tiene que decir no en algún momento. Lo ha intentado el PSOE y ha tenido que recular, dejándolo en una mera “declaración de intenciones” y haciendo patente el bochorno de que un Estado criminal como el saudita pueda ejercer un chantajee así. Será que es el nuestro un reino de comisionistas que hay que proteger. Y se hace con escudos humanos como los 6.000 trabajadores de los astilleros de Cádiz. Unos gobiernos mercenarios, un Estado mercenario, obligando a una sociedad a ser mercenaria.

Ruth Toledano
El Diario