Régimen tiránico busca maquillaje occidental

Diagonal

Ástor Díaz Simón, redacción

EE UU y los países de la UE prestan sus credenciales a socios que puedan ofrecer a cambio relaciones económicas y políticas ventajosas. Poco importo todo lo demás.

Franklin D. Roosevelt, 32º presidente de los EE UU, dijo una vez ante sus colaboradores: “Es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”. Se refería a Leonidas Trujillo, quien gobernó la República Dominicana entre 1930 y 1961 con un régimen dictatorial en el que la tortura, la represión y la corrupción fueron la norma. Aún teniendo un perfil político impopular, Trujillo necesitaba una alianza con un país poderoso como EE UU para mantenerse en el poder, y ofrecía a cambio abrir sus mercados y colaborar activamente en la lucha contra el comunismo en la zona. Así que, por un tiempo, se convirtió en un hombre clave para Washington.

Este tipo de ‘asociaciones’ no ha prescrito con el tiempo, así el pasado mes de enero Human Rights Watch (HRW) publicó un informe en el que se aborda la proliferación de “regímenes despóticos camuflados de demócratas”. Según HRW, “a menudo gobernantes de Estados en los que no se garantizan convenientemente procesos electorales justos y transparentes, derechos humanos o libertades civiles acceden a una cierta legitimidad internacional, que adquieren apuntándose a formalismos aceptados de común por las democracias consolidadas, siempre que existan intereses estratégicos en el proceso”.

Bienvenidos al club

Para Txente Rekondo, del Gabinete Vasco de Análisis Internacional, si bien sería difícil que “los Estados democráticos de Occidente pasaran la prueba aplicando las condiciones descritas”, son ellos quienes imparten “esta equiparación democrática que implica unirse al club y evitar las presiones y sanciones que aplican los gendarmes internacionales”. En esta línea, Rekondo señala que este proceso de admisión forma parte de “la política de doble rasero que está en la base del diseño que desde algunas capitales de occidente se hace del mapa mundial”.

Sobre las motivaciones que llevan a los miembros del ‘club de la democracia’ a implicarse políticamente con regímenes poco presentables, el analista Iñaki Gutiérrez de Terán sugiere que “se trata de conseguir prebendas comerciales, de inversión en estos países, relaciones comerciales ventajosas”. En el caso del Estado español, su política exterior está vinculada a las directrices de una institución de carácter económico como es la Unión Europea. Así, en 1995 se firmó el Partenariado Euro-Mediterráneo con los países árabes ribereños, incluyendo a Argelia, Egipto, Jordania, Líbano, Marruecos, Palestina, Siria, Túnez, Turquía e Israel. En teoría funciona como un proyecto de colaboración económica supeditada al respeto a los derechos humanos, a la apertura social y al fomento de la democracia, pero en la práctica este es un criterio muy flexible.

Pese al constante juego de presiones políticas entre países, como entre España y Marruecos por asuntos como Ceuta y Melilla, isla Perejil o los derechos del pueblo saharaui, “no hemos visto nunca que se cierren empresas, que se hayan interrumpido importaciones o exportaciones o que las constructoras españolas se hayan retirado del norte de Marruecos”, como nos recuerda Gutiérrez de Terán. En esta lógica, aunque en Egipto el Estado de excepción dure ya dos años, o aunque en Libia hoy se aplique pena de muerte a los críticos con Gadaffi y su régimen, los acuerdos firmados se respetan con normalidad.

Oligarquías y dinastías

Este tipo de relaciones basadas en criterios comerciales raras veces contribuyen “a fomentar una apertura democrática, sino a legitimar a las oligarquías y dinastías dominantes, que experimentan una espiral de dependencia hacia sus aliados motivada por las concesiones y promesas que se ven obligados a realizar para conservar el poder”, apunta Txente Rekondo. En algunos casos este fenómeno de interdependencia lleva a escenarios, como es el caso de Filipinas e Indonesia, “donde la población apuesta por una ruptura total con la dictadura, mientras que la maquinaria aliada (en este caso estadounidense) se pone en marcha, más o menos abiertamente, para configurar un escenario más acorde con sus intereses”.

Según Terán, “la imposibilidad de alterar el sistema oligárquico” para sustituir a viejos dictadores con mala imagen, como Muammar al-Gadaffi o Hosni Mubarak, es “un problema sin solución porque las elites dominantes han arrasado con la oposición”, además de que en la mayoría de estos países “la gran alternativa democrática serían grupos islamistas”.

En contraposición con las llamadas “revoluciones de colores” de la zona ex soviética, donde “el cambio es impulsado desde dentro y los gobiernos que surgen son interlocutores válidos que cuentan con legitimidad popular”, en éstos países se producen procesos interminables donde el poder no cambia de manos. Éste es el caso de Libia, desde que en 2003 decidiera renunciar a su programa de armas de destrucción masiva y compensar con 3.000 millones de dólares a los afectados por el derribo en 1988 del vuelo 103 de la Pan Am. Nada cambia en materia de derechos o política social, pero interlocutores internacionales como José María Aznar han afirmado que “Libia avanza en el camino opuesto a Cuba, hacia la presencia normalizada en la comunidad internacional”.

Relaciones fluídas

Francisco Pérez, coordinador de la Comisión Internacional de Izquierda Unida, denunció para DIAGONAL “el tratamiento normalizado que se dispensa a democracias que han demostrado no serlo”. Para Pérez, las relaciones que se mantienen con Guinea Ecuatorial, que practica la tortura y el asesinato político, son “exclusivamente por el petróleo que apareció recientemente en la costa atlántica del país africano”. En esta línea considera inaceptable que el Estado español “venda armas y servicios militares, transgrediendo las leyes internacionales, a un Estado como el colombiano, comprometido gravemente por la guerra sucia”.