De Juana Chaos y la guerra contra Al Qaeda

Guerra Eterna

Charles Stimson sabe cómo hay que ganar la "guerra contra el
terrorismo". No con las armas de la democracia, sino con las de la
propaganda. Es más, Stimson está convencido de que los principios del
Estado de derecho son un obstáculo en el camino hacia la victoria
final. Quizá por eso fue nombrado en su momento al frente del
departamento del Pentágono que se ocupa de los detenidos.

Una de las piedras angulares del sistema judicial en una democracia
es el derecho a la defensa, íntimamente relacionada con la presunción
de inocencia. Un juicio justo exige la mejor defensa posible para el
acusado, también cuando se trata de un asesino fanático y sin el más
mínimo respeto por la vida humana. Es decir, como dicen en las
películas, si no puede permitirse un abogado, se le facilitará uno de
oficio.

Los grandes bufetes de EEUU son empresas que facturan millones de
dólares. No todos sus clientes son millonarios, pero todos los
millonarios, incluidas las mayores corporaciones, son sus clientes.
Algunos de sus abogados, en la mejor tradición jurídica norteamericana,
destinan una parte de sus horas de trabajo —no aquellas en las que
facturan minutas astronómicas— a presos que carecen de medios
económicos para costearse un letrado que no se duerma durante el
juicio. Y entre estos últimos están los internos de la prisión militar
de Guantánamo, entre los que están desde hace algún tiempo los
arquitectos del 11-S. Son los De Juana Chaos de Al Qaeda.

Puede que algunos sólo sean unos don nadie cuya entrega a los
norteamericanos por campesinos o espías paquistaníes sólo se
justificaba por una jugosa recompensa. Otros pertenecieron a la
jerarquía de Al Qaeda. En cualquier caso, llevan encima la etiqueta de
enemigos peligrosos, y ésa es la consideración que reciben en la base
cubana.

Hace un mes, Stimson creyó tener preparada una jugada maestra para
cercenar las pocas posibilidades de una defensa de entidad ante un
tribunal que tienen estos presos. Reprochó públicamente
a esos grandes bufetes que estuvieran dedicando su valioso tiempo a los
internos de Guantánamo. No pretendía abrir un debate político ni una
discusión filosófica sobre los límites de las libertades en la guerra
contra Al Qaeda. Buscaba desencadenar el pánico entre los jefes de esos
abogados, en especial entre los que se ocupan de gestionar los
ingresos.

Stimson advirtió de que esos bufetes, de los que dio los nombres,
también tenían otros clientes más respetables: las mayores empresas del
país. ¿Estaban de acuerdo en financiar, digamos indirectamente, a
terroristas fanáticos empeñados en destruir EEUU?:

“I think, quite honestly, when corporate C.E.O.’s see that those firms are representing the very terrorists who hit their bottom line back in 2001, those C.E.O.’s are going to make those law firms choose between representing terrorists or representing reputable firms, and I think that is going to have major play in the next few weeks. And we want to watch that play out.”

Stimson no se terminaba de creer que esa asistencia jurídica fuera
desinteresada. Sin tener ninguna prueba, sugirió que esos bufetes sí
estaban recibiendo algún tipo de compensación económica por sus
servicios y que sería interesante conocer la fuente de esa
financiación.

Algo tiene la Constitución de EEUU cuando la bendicen tanto. La
ofensiva de Stimson fue frenada a los pocos días. Colegios de abogados,
grupos de derechos civiles, profesores de Derecho y editoriales de
periódicos criticaron las
amenazas contra estos abogados. El Pentágono se distanció de las
declaraciones de Stimson que, poco después, tuvo que pedir disculpas.
El 2 de febrero, presentó su dimisión.

En España, este alto cargo no habría tenido que renunciar al puesto.
Es probable que su gesto hubiera sido calurosamente aplaudido por
muchos medios de comunicación. Algunos periódicos habrían publicado
íntegra esa lista de bufetes, los habrían presentado como cómplices de
los terroristas y habrían pedido a sus clientes que renunciaran a sus
servicios. Nuestra tradición jurídica no está tan fuertemente enraizada
en la democracia como la de EEUU.

El caso del preso etarra De Juana Chaos es un ejemplo obvio. Fue
condenado a 3.000 años de prisión por el asesinato de 25 personas y, en
aplicación del Código Penal, cumplió su pena con una estancia de 18. El
derecho de un acusado a la mejor defensa posible puede ser importante,
pero no lo es menos el principio de no retroactividad de las leyes. No
se puede mantener indefinidamente a un terrorista en prisión vulnerando
los términos de la sentencia que le condenó.

Las sucesivas reformas del Código Penal han ido endureciendo las
condiciones del encarcelamiento de presos, al hacer más difícil la
redención de penas. Por lo visto, el franquismo era más benevolente con
los presos que la democracia, ya que las leyes que beneficiaron a De
Juana Chaos fueron aprobadas en 1973.

El etarra iba a salir de prisión en febrero del 2005, lo que provocó
un muy comprensible malestar en la opinión pública. De Juana Chaos
cumple a la perfección el papel del asesino sin escrúpulos. Nunca ha
demostrado el más mínimo arrepentimiento. En sus tratos con el personal
penitenciario, ha demostrado que sólo ve a las personas que no piensan
como él como enemigos a los que se puede eliminar. Pero la ley es la
ley. La misma ley que permitió que pagara por sus crímenes obligaba a
ponerlo en libertad al final de su condena.

Fue ése el momento en que los demagogos entraron en escena. Para
descubrirlos, sólo es necesario hacer una sencilla prueba: suelen ser
aquellos que dicen que la ley debe estar al servicio de la justicia, y
que a veces la primera vulnera la segunda. Evidentemente, ellos se
reservan el derecho de establecer en qué consiste la justicia y cuándo
la ley ha perdido valor.

Ante tal presión, el Gobierno reaccionó con debilidad. Se comprometió a bucear en los antecedentes del preso De Juana Chaos para mantenerlo en prisión. Encontró dos cartas, escritas con el lenguaje

que se espera de un terrorista, y las utilizó como excusa para entablar
un nuevo proceso judicial contra él. La fiscalía de la Audiencia
Nacional intentó volver a acusar al etarra de pertenencia a banda
armada, aparentemente con la idea de que en una democracia se puede
condenar dos veces a una persona por el mismo delito, siempre que se
encuentre una razón que tenga sentido ante el tribunal de la opinión
pública.

En este ejercicio de creatividad jurídica,
el fiscal que llevaba el caso pidió inicialmente 96 años de prisión por
el contenido amenazante de las dos cartas, mucho menos punibles que
otras declaraciones y escritos más explícitas de presos etarras que
habían ocasionado castigos menores. Uno de ellos, Iñaki Bilbao, fue condenado a
dos años en marzo del 2005 por una acción que admitía menos
interpretaciones que una carta. Se colocó ante el juez Garzón y le
apuntó con la manos simulando el acto de disparar con una pistola. La
sentencia era una consecuencia lógica del comportamiento del preso.
Nadie lo denunció, quizá porque Bilbao repite su gesto cada vez que comparece ante un juez, lo que garantiza sucesivas condenas.

En el juicio a De Juana, otro fiscal —el anterior se retiró del
caso cuando su jefe le ordenó una reducción de la petición de pena— solicitó entre 4 y 13 años de pena, que el tribunal estableció definitivamente en doce.

Ahora el Tribunal Supremo está a punto de resolver el
recurso contra esa condena. Tiene la opción de enviar un mensaje claro
a la sociedad: no se puede condenar a un delincuente dos veces por el
mismo delito ni inventarse subtergios legales cuando está a punto de
salir de prisión. La democracia es lo bastante fuerte como para encajar
el desafío que presentan las organizaciones terroristas y puede hacerlo
desde la defensa de la ley.

No estamos a punto de ser derrotados por Al Qaeda o por ETA. Más
bien, al contrario. Su única posibilidad de victoria pasa por que
nosotros se la concedamos. Siempre habrá demagogos que anuncien
escandalizados que el respeto estricto a los principios del Estado de
derecho es una forma de rendirse ante los terroristas. En nuestras
manos está dejarles claro que la venganza no es una forma admisible de justicia.

21.15
El Tribunal Supremo ha rebajado la pena a De Juana Chaos a tres años
de prisión "como autor de un delito de amenazas del artículo 170.1 del
Código Penal en concurso ideal con un delito de enaltecimiento del
terrorismo". La Sala de lo Penal, compuesta por 13 magistrados, no ha
considerado que las dos cartas supongan un delito de amenazas
terroristas.