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Vietnam y la legitimidad de la desobediencia y el sabotaje (Chomsky)

Vietnam y la legitimidad de la desobediencia y el sabotaje (Chomsky)

EN LOS LIMITES DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL *

Noam Chomsky

Los Berrigan tienen la inquietante costumbre de plantear cuestiones muy serias, no sólo por lo que escriben y dicen sino también por lo que hacen. Cualquier persona razonable admitirá que existen, en principio, circunstancias bajo las cuales la desobediencia civil, e incluso el sabotaje, son legítimos. Los Berrigan han argüido, con cuidado y con paciencia, que ahora existen estas circunstancias; concretamente, que la resistencia no violenta a la guerra de Indochina es una réplica legítima a los actos criminales del poder ejecutivo de los Estados Unidos, y que una componente legítima de esta resistencia no violenta es la destrucción de la propiedad que no tiene derecho a existir en virtud del hecho de que su función inmediata consiste en instrumentar estos actos criminales. Han apuntado que una tal réplica no sólo es legítima en principio, sino que también puede resultar eficaz para limitar y quizás para detener del todo la violencia criminal de la guerra norteamericana. No se han contentado con la mera presentación del razonamiento, ni con exponer las premisas de las que se deriva la conclusión -como hacen muchos- sin deducirla explícitamente. Antes bien, han desarrollado la lógica de su razonamiento hasta su conclusión final y han actuado en consecuencia, destruyendo una propiedad que no tiene derecho (según ellos afirman) a la existencia. También han negado que el estado tenga derecho a perseguir a quienes actúan con el fin de limitar su violencia criminal; y, una vez más, han actuado en consecuencia negándose a entregarse voluntariamente a las autoridades estatales.

Estas acciones ponen en tela de juicio creencias, actitudes y supuestos que raramente son puestos en cuestión; y lo son raramente por una razón principal: porque ponerlas en cuestión resulta muy incómodo. Por esto no sorprende que el pensamiento y la acción anticonvencionales de los Berrigan susciten a veces reacciones irracionales. Tomemos, por ejemplo, los comentarios de Andrew Greeley, director del Centro Nacional de la Opinión, de Chicago, en Church World (18 de septiembre de 1970). Éste pretende que Daniel Berrigan es un totalitario que encarcelaría a quienes no aceptasen sus juicios morales, y le acusa de preconizar la destrucción de la sociedad norteamericana atizando el odio contra esta sociedad y contra los seres humanos que a ella pertenecen. Tales acusaciones dejarán atónitos a quienquiera que conozca realmente a Daniel Berrigan o que tenga una cierta familiaridad con sus escritos. Los comentarios de Greeley, aunque sean de hecho frívolos e irresponsables, no deberían sin embargo dejarse de lado sobre esta base, sin más comentarios. Antes bien, deberían interpretarse como testimonio que prueba la seriedad de las cuestiones planteadas por los Berrigan. Precisamente por tratarse de cuestiones importantes y serias, quienes temen afrontarlas se ven llevados a formular extrañas distorsiones y acusaciones fantásticas.

Una reacción seria ante las argumentaciones y los actos de los Berrigan tendrá en cuenta la naturaleza de la guerra del Sudeste asiático, el funcionamiento de la democracia norteamericana y las responsabilidades del ciudadano bajo
unas circunstancias así. Se podría por ejemplo rechazar su
razonamiento sobre la base de que la intervención
norteamericana en el Sudeste asiático es legítima (aunque quizás sus resultados no compensan ya su costo y es, por ende, un error) -me atrevería a decir que ésta es la opinión dominante hoy en los Estados Unidos-; o que no habría que oponerse a la intervención, aunque ilegítima, mediante la desobediencia civil, que es impropia en una democracia; o que la desobediencia civil, aunque legítima bajo las actuales circunstancias, ,es con todo inoportuna por ser ineficaz (o incluso «contraproducente») o por sus probables consecuencias sociales; o que la desobediencia civil, aunque legítima y oportuna, no debería acarrear consigo la destrucción de propiedades y debería acompañarse de la sumisión voluntaria a las autoridades del estado. Estas cuestiones, y otras parecidas, son las que habría que plantear a propósito del tipo de acción elegida por los Berrigan; esto es: su decisión de actuar y su elección de los medios para hacerlo.

Puesto que, según me parece, la opinión dominante en los Estados Unidos es la suposición de que la intervención norteamericana es legítima (aunque quizás no razonable), no puede ser evidentemente ignorada. Hay una gran masa de pruebas documentales indiscutidas que prueban -de manera concluyente, a mi parecer- que los Estados Unidos en ningún momento han emprendido una autodefensa colectiva frente a ningún ataque armado -única base legal para el empleo de la fuerza-, sino que más bien han extendido su intervención armada y prolongada en Vietnam hasta llegar a una invasión plena de Vietnam del Sur a comienzos de 1965 porque el Frente Nacional de Liberación había ganado la guerra civil interior, pese a la vasta (e ilegal) intervención norteamericana directa.

Los defensores de los actos de los Estados Unidos arguyen frecuentemente que los asuntos jurídicos son demasiado complejos para el profano y que deben dejarse en manos de expertos. Sin embargo, en este caso, una lectura cuidadosa de los razonamientos, en pro y en contra, pone de manifiesto escasa divergencia sobre cuestiones jurídicas. Los temas debatidos son factuales e históricos; concretamente, ¿están los Estados Unidos implicados en una guerra de autodefensa colectiva frente a los ataques armados lanzados desde Vietnam del Norte. Este es un tema sobre el cual el profano está en condiciones ’de formular un juicio, y el ciudadano responsable no desistirá de hacerlo por causa de la pretensión de que el asunto es demasiado esotérico para él y fuera de su comprensión. Hoy existe una amplia documentación al alcance del público que muestra claramente, a mi juicio, que la guerra norteamericana es criminal, incluso en el sentido técnico más estricto de la expresión.

En cuanto abordamos el carácter de la guerra, la cuestión del legalismo se esfuma. La creencia de que la guerra es legítima, aunque quizás inoportuna, es a mi juicio escandalosa tanto si se mide con criterios intelectuales como con criterios de decencia moral. Y es profundamente inquietante esta opinión sea la dominante. De ahí podemos concluir que se producirán otras intervenciones de un tipo semejante, con escasa oposición popular, y que la administración Nixon puede lograr poner en práctica en Indochina su prevista estrategia «de reducidos costos y de largos plazos», manteniendo la guerra tecnológica al nivel actual y confiando a la vez, en la medida en que le es posible, en tropas nativas, armadas, dirigidas, pertrechadas, entrenadas y respaldadas por los norteamericanos. Es importante tener presente que éste es el modelo general de conquista militar tanto de tipo colonial como de otro tipo. Los rusos no usan el ejército soviético directamente para mantener el orden en Checoslovaquia, e incluso los nazis confiaban en gran medida en fuerzas nativas para controlar los territorios ocupados de Europa. Lo que cae fuera de lo corriente en la guerra norteamericana es la incapacidad para crear una estructura autóctona con la suficiente legitimidad para controlar a la población nativa. Es esta deficiencia lo que Nixon espera remediar, a la vez que mantiene la agresión contra Indochina a su nivel masivo actual. Y mientras el debate gire únicamente en torno a la cuestión del «costo», esta estrategia puede conseguir su objetivo de imponer el dominio de las élites que los Estados Unidos defienden, lo cual constituye una amarga tragedia para las sociedades campesinas de Indochina. Hay mucho más que decir sobre esto, pero no es éste el lugar, y por consiguiente dejaré las cosas ’así, reiterando únicamente que no creo que se pueda poner objeciones a las acciones de los Berrigan partiendo de la base ’de que la intervención norteamericana es legítima, aunque quizás no razonable.

Si se concuerda con este juicio, uno lógicamente se planteará la ’cuestión de si la desobediencia civil es una forma apropiada de oposición a la guerra en una democracia. Aquí se entremezclan varias cuestiones. Supongamos, para seguir este razonamiento, que los Estados Unidos fueran una democracia de funcionamiento perfecto y que nuestra política en Indochina hubiera sido determinada por un electorado bien informado y a través de un proceso democrático. ¿Se seguiría entonces de ahí que la desobediencia civil es ilegítima? La respuesta sería, probablemente, que no se seguiría únicamente de estas premisas. No hay ningún principio que apoye la conclusión de que el pueblo de Indochina ha de verse sometido a una agresión criminal si el pueblo norteamericano lo decide así en el ejercicio de sus derechos democráticos. No hay ningún principio del que se siga que pueda permitirse que una sociedad democrática pura y sin mácula siga tranquila e impertérrita mientras lleva a cabo acciones criminales. Antes bien, los ciudadanos de esta sociedad (bajo las circunstancias que hemos postulado) son confrontados con un dilema, un conflicto de principios: por una parte hay el compromiso con el proceso democrático; por otra el compromiso de salvar Vietnam (y Laos, y actualmente Camboya) de su desaparición como entidad cultural e histórica -que es el destino predicho por Bernard Fall- [1] o simplemente de defender a estos países de un ataque criminal. Hay que pesar estos principios contrapuestos y decidir cuál es el que tiene más peso en las circunstancias presentes. Pero esta cuestión nos retrotrae inmediatamente a la cuestión de la legitimidad y el carácter de la intervención norteamericana. Me parece que una evaluación objetiva y razonada de las circunstancias y de los hechos históricos lleva a la conclusión de que la desobediencia civil, si fuera efectiva para frenar la agresión criminal contra Indochina, sería legítima, incluso en el supuesto de que nuestra política en Indochina fuera la expresión de la voluntad del pueblo en una democracia de funcionamiento perfecto.

No obstante, el supuesto es totalmente inaceptable. No examinaré aquí las inevitables limitaciones de la democracia bajo un sistema estatal capitalista altamente centralizado y militarizado como el que existe en la Norteamérica contemporánea. Pero considérese la determinación de la política en un sentido más estricto. En noviembre de 1964, la población votó abrumadoramente contra la política que se llevó a efecto inmediatamente después de la elección, política que, según se ha puesto de manifiesto, había sido unánimemente propuesta por los consejeros del presidente incluso antes de la elección, aunque los electores jamás fueron informados de ella. O considérese la acción militar norteamericana en Laos examinada en el capítulo 2, sección I. ¿Qué tiene esto que ver con el estado de la democracia norteamericana? De hecho, tiene que ver mucho. La destrucción de la sociedad civil del Laos rural, en las zonas bajo administración del Pathet Lao, se efectuó en secreto. Lo que está oculto para el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, no hace falta decirlo, tampoco es conocido por la población en general. Exige un esfuerzo ingente descubrir lo que están haciendo los Estados Unidos en Laos. En tales circunstancias carece de sentido hablar de que la desobediencia civil interfiere con el proceso democrático. El proceso democrático ha sido severamente socavado por el poder ejecutivo.

Uno de los observadores más cuidadosos e informados del mecanismo de toma de decisiones por parte del poder ejecutivo en Indochina, Daniel Ellsberg, testificó ante el Congreso en mayo de 1970 que la política norteamericana «ha sido para los que la han vivido desde dentro mucho más consciente -y habría que decir también más cínica- de lo que un extraño podría imaginarse, en lo que respecta a la violación de los acuerdos [de Ginebra] y a nuestros pretendidos objetivos ’de autodeterminación». Como extraño, puedo sólo decir que el cinismo del poder ejecutivo norteamericano en Indochina en los veinte años pasados tiene pocos paralelos históricos, siendo la guerra de Laos quizás el ejemplo más chocante. El hecho de que el Congreso haya prácticamente abandonado su papel constitucional no es ninguna razón para que los ciudadanos toleren sumisamente la ulterior erosión de la democracia. Si la desobediencia civil puede poner efectivamente coto a las acciones ilegales y en gran medida secretas del ejecutivo, me parece entonces una forma de acción apropiada.

Esto nos lleva a la cuestión siguiente que es, a mi juicio, la más crucial. ¿Cuál ha sido el impacto de los diversos tipos de acción de protesta y de resistencia desde 1965, en que la disensión aumentó hasta llegar a ser más que un simple murmullo? En esto debemos separar dos factores: el efecto sobre la toma de decisiones y el efecto sobre la opinión pública. Ambos no están necesariamente en directa correlación. Por ejemplo, es posible que una acción lleve a una decisión de limitar la participación norteamericana y al mismo tiempo a un apoyo mayor del público para dicha participación. Dudo de que esto haya ocurrido, aunque una interpretación superficial de ciertos hechos sobre los cuales volveré podría llevar a una conclusión distinta; pero sin duda es una posibilidad. En cualquier caso, los dos factores se mantendrán por supuesto separados para quien quiera evitar que Indochina sufra el destino señalado por Bernard Fall. Una persona así querrá influir sobre las actitudes públicas relacionadas con la guerra y persuadir al público de que la intervención norteamericana es ilegítima; pero, lo que es más importante, querrá modificar las decisiones tomadas por el poder ejecutivo en su afán por lograr el objetivo -cuya búsqueda dura ya veinte años- de subyugar a Indochina, objetivo que, dicho sea de paso, parece persistir pese a los esfuerzos de relaciones públicas desplegados por la administración Nixon.

Las apreciaciones sobre el impacto de la disensión, en cualquier caso, sólo pueden ser de tanteo e impresionistas. Ocasionalmente, algún personaje próximo a los círculos donde se decide la política da una fugaz referencia a consideraciones que a su juicio han sido operantes. En la mayoría de los casos hay que tratar de reconstruir los hechos a partir de pruebas muy parciales. Por lo que hace a las actitudes públicas, aún se saben menos cosas. Los datos concretos que se tienen suelen ser poco significativos. Por ejemplo, parece que el efecto a corto plazo de las manifestaciones de masas es el de suscitar el antagonismo de esos sectores de la población que preferirían no ser inquietados; de ahí que la popularidad del presidente tenga probabilidades de aumentar después de toda acción que eleve la visibilidad de la guerra. El problema real, sin embargo, es muy distinto. ¿Cuáles serían las actitudes del público si la guerra del Vietnam no se viera constantemente forzada a aparecer ante la conciencia de las masas gracias a tales acciones, si la guerra fuera tan «invisible» a un público apático como lo ha sido la guerra secreta del poder ejecutivo en Laos durante los seis años pasados? ¿Cuáles habrían sido las posibilidades para ejercer uno u otro tipo de persuasión, para debatir y discutir las cuestiones, si las acciones de masa no hubieran atraído la atención sobre la guerra, profundizando a la vez el compromiso de quienes participaban en ella? No ha habido ninguna investigación sistemática de estas cuestiones, que son las únicas importantes. De hecho, no está nada clara la manera en que podrían ser estudiadas sistemáticamente. Mi impresión personal, basada en gran parte en las extensas conversaciones que he mantenido con una gama muy amplia de personas durante años, es que las manifestaciones de masas han sido un factor importante para llevar la guerra a la consideración del público, y que la resistencia, en particular la resistencia al reclutamiento, ha tenido un efecto apreciable en llevar a mucha gente a examinar su propia complicidad y en empujarles al tipo de acciones que ejercen influencia sobre los que deciden la política.

En algunos casos, está claro que la protesta y la resistencia han tenido efectos dramáticos aunque de escasa envergadura. Mi propia universidad, el Massachusetts Institute of Technology (MIT), puede servir de ejemplo. En 1965-1966 había escaso interés por la guerra. Los teach-in atraían a pequeños grupos, a menudo antagónicos. De hecho, los estudiantes del MIT participaban sobre todo en el bloqueo violento de las reuniones públicas contra la guerra. El ambiente fue cambiando poco a poco a medida que la guerra continuaba, pero el cambio realmente dramático fue provocado por la concesión de asilo a un soldado en el otoño de 1968. Esto no sólo llevó a muchos estudiantes apáticos u hostiles a una seria consideración de las cuestiones (y de ahí, como suele ocurrir, a una fuerte oposición de principio contra la guerra), sino que además puso Ias bases para la primera investigación crítica -que llegaba con mucho retraso- hecha por la facultad y los estudiantes sobre la complicidad de la universidad en las empresas militares del estado. Pueden citarse muchos ejemplos parecidos.

Considérese la cuestión del impacto sobre la política. ¿Cuál fue, por ejemplo, la influencia de la protesta interior en la negativa a la petición hecha por Westmoreland de mandar 200.000 soldados más después de la ofensiva del Tet? ¿O en la adopción por Nixon de una estrategia de guerra de reducidos costos y plazos largos? ¿O en la extensión a Camboya de la invasión norteamericana? ¿O en las dimensiones de la invasión de Camboya? ¿O en la decisión de abstenerse de bombardear el centro de Hanoi y Haifong en 1965-1968, mientras el resto del país era arrasado? Podemos hacer algunas conjeturas educadas. Las interesantes memorias de Townsend Hoopes [2] indican que uno de los factores internos que influyeron en la preparación de la política posterior al Tet fue la protesta y la resistencia, el temor a que la sociedad norteamericana resultara ingobernable. (También había otros factores, como la crisis monetaria internacional que amenazaba en caso de que la guerra sufriera ulteriores escaladas.)

Otros que han estado cerca de los centros donde se decidía la política han hablado en términos semejantes, véase cap. 1, sec. III. Este es un importante elemento probatorio; corrobora la idea de que la protesta y la resistencia de masas han sido un factor importante que ha introducido cambios de táctica en la actuación del poder ejecutivo durante los últimos años. Así, la oportunidad del anuncio por parte de Nixon, precisamente el 3 de noviembre de 1969, de que se procedería a retirar tropas, así como el contenido y la forma de su declaración, abonan poderosamente la idea de que se trataba de un intento para replicar (y detener) las manifestaciones masivas del otoño; o, en otras palabras, que las acciones del otoño eran la causa inmediata de este ajuste táctico. Si se compara la emisión de televisión de Nixon en la que anunció la invasión de Camboya con su segunda aparición en las pantallas una semana después, en un momento en que trataba desesperadamente de tender puentes hacia los jóvenes, se tiene sin duda la impresión de que la huelga estudiantil espontánea fue un factor que limitó los planes para la invasión de Camboya. (El papel real que tuvieron sólo podemos tratar de adivinarlo, y quizás nunca lo sabremos con certeza.)

El secreto con que actúa el poder ’ejecutivo y la interminable sarta de embustes que propala son, en sí mismos, un claro indicio de su temor ante la posible reacción popular a las realidades presentes de la guerra que se está librando en Indochina. Ocasionalmente aparecen testimonios directos que dan algunos elementos acerca de cómo el poder ejecutivo espera «pacificar» a los habitantes de los Estados Unidos. Véase, por ejemplo, el testimonio del secretario del Ejército Stanley Resor ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, según el cual el tiempo «va a nuestro favor» en Vietnam y «por consiguiente, si podemos ganar algún tiempo en los Estados Unidos con estas retiradas progresivas y periódicas y si el pueblo norteamericano puede consolidar su paciencia y su determinación, creo que podemos llegar a una conclusión lograda» [3]

Nadie estaría dispuesto a sostener que cada una de las acciones contra la guerra ha logrado efectivamente combatir la pasividad general que permite a los fautores de guerra actuar libremente, ni elevar el nivel de la oposición a la guerra. Sin embargo, parece muy claro que de no haber sido por las acciones masivas de protesta y la resuelta resistencia de unos pocos, el volumen y la intensidad de la guerra norteamericana en el Sudeste asiático habrían sido aun más feroces que cuanto hemos visto en los años pasados, y el pueblo en general (incluyendo, dicho sea de paso, la «comunidad académica», que por lo general ha sido arrancada de su inmovilismo sólo por el activismo estudiantil) se habría mantenido, aunque quizás sin ningún entusiasmo, en lo que Hans Morgenthau llama «nuestra subordinación conformista al poder del estado».

Andrew Greeley, en el artículo antes citado, llega a conclusiones muy distintas. Pretende que la guerra se está acabando «no a causa de los Daniel Berrigan (muy al contrario, los datos de las investigaciones sugieren que los Berrigan y el resto de la chusma protestona pueden haber prolongado la guerra), sino a pesar de ellos, ya que los miembros de una sociedad libre y abierta han hecho imposible, aunque con retraso, que el gobierno siguiera librando la guerra». Añade que «es la primera vez en la historia de la raza humana que una gran potencia se ha visto obligada a abandonar una guerra simplemente porque su pueblo no lo aprueba». La última afirmación es evidentemente falsa. Considérese únicamente lo que pasó con quienes nos antecedieron en el intento de mantener la dominación occidental en Indochina. Los franceses, como ha subrayado Bernard Fall, «nunca se atrevieron a mandar soldados de conscripción a Vietnam ni aumentaron el reclutamiento en su país por miedo a la oposición pública contra la guerra», [4] pese a sus «intereses históricos» en Indochina. Con la doctrina Nixon ’estamos empezando a situar el compromiso norteamericano para con la victoria a un nivel imposible para el gobierno francés porque «su pueblo no lo habría aprobado». Si los franceses hubieran aprobado la guerra en la misma medida en que todavía lo hacen los norteamericanos, Francia habría podido mandar también un ejército de conscripción, aunque evidentemente no habría podido usar los recursos tecnológicos con los que agredimos Indochina.

No obstante, y a pesar de su falta de cuidado y de responsabilidad, es importante considerar seriamente la pretensión formulada por el director de programas del Centro de la Opinión Nacional según la cual la «chusma protestona» hubiera podido prolongar la guerra. Su pretensión de que «datos de las investigaciones», datos que no se concretan, apoyan este punto de vista es probablemente una referencia al hecho de que las urnas suelen indicar un aumento de apoyo hacia el presidente después de las manifestaciones de masas. Ya he destacado por qué esto carece de toda significación. No hay más «datos de las investigaciones», que yo sepa, que sugieran nada significativo acerca de los efectos de la protesta y la resistencia de las masas sobre las actitudes públicas, y por lo que respecta a la adopción de decisiones, los datos existentes indican que la protesta y la resistencia de masas son precisamente lo que ha provocado cambios de táctica en el curso de los años. Pero Greeley acierta, más o menos, al afirmar que es el público el que ha «hecho que sea imposible para el gobierno el seguir librando la guerra». Para ser más exactos, son algunos sectores del público -en gran parte el movimiento estudiantil- los que han hecho que sea difícil para el gobierno librar la guerra con la libertad y el desenfreno que habría deseado. Y estos sectores del público, la «chusma protestona» de Greeley, han recibido inspiración, en una proporción significativa, de Dan y Phil Berrigan y de otros pocos como ellos.

Por otra parte, si los que son objeto del desprecio de Greeley hubieran seguido su ejemplo y su consejo en los años pasados, entonces es probable que la advertencia de Bernard Fall hubiera estado aún más cerca de cumplirse. Se puede debatir acerca de la medida exacta del impacto de las acciones de los Berrigan y de otros como ellos, así como de los muchos miles que han sido influidos por su escrupulosa resistencia y empujados a elevarse por encima de la apatía y a comprometerse en una oposición visible a la guerra. Por lo que yo puedo apreciar, no hay duda razonable de que la protesta y la resistencia de masas han sido factores, y quizás factores importantes, que han entorpecido la acción del poder ejecutivo. Y aunque en esto las pruebas son menos concluyentes, parece plausible que la protesta y la resistencia de masas han mantenido, a lo largo de los años, la guerra ante la vista del público y han derrotado los esfuerzos por crear la atmósfera de subordinación conformista destinada a permitir la libre manifestación del poderío militar norteamericano. No sé si esto seguirá siendo así. Sin embargo, si los Greeley tienen el camino abierto y la «chusma protestona» es reducida al silencio, entonces la estrategia nixoniana de una interminable guerra de devastación puede proseguir hasta la «conclusión final» prevista por el secretario Resor; y en el mejor de los casos las perspectivas futuras para las sociedades existentes en el suelo de Indochina son realmente sombrías. En el peor de los casos, la «conclusión final» de Resor puede ser el genocidio que Townsend Hoopes identifica con «la conclusión final» de nuestra «lógica estratégica en Vietnam». [5]

Tales consideraciones no atañen aún a la cuestión más concreta de los efectos de acciones tales como la destrucción de los archivos de la conscripción en Catonsville. Supongamos, por ejemplo, que se pudiera mostrar que tales acciones han contribuido a crear una atmósfera en la cual algunos han sido empujados a ataques terroristas que en sí mismos son deplorables y sólo útiles para el gobierno, en sus esfuerzos por reforzar la subordinación conformista al poder del estado. Entonces habría que concluir que la destrucción de archivos de conscripciones es inoportuna debido a sus consecuencias sociales, aunque en principio sea (según creo) una acción legítima. También en este caso los juicios sólo pueden representar un tanteo. Sin embargo, a juzgar por la información que tengo a mi alcance, no creo que acciones como las de los nueve de Catonsville y los catorce de Milwaukee hayan contribuido ni poco ni mucho al terrorismo. Cabría argüir que si hubiera habido una participación más extensa en acciones no violentas como las de los Berrigan, quizás el estado de desesperación que lleva a algunos al terrorismo habría podido apaciguarse. No sé cómo evaluar esta posibilidad.

¿Han conducido las acciones de los Berrigan y otros a una conciencia y a un compromiso más elevados para oponerse a la guerra? No hay duda que sí, aunque los círculos puedan ser pequeños. ¿Han producido acaso una reacción negativa en círculos más amplios, como por ejemplo una reversión al tipo de autoritarismo que beneficia sólo al poder del estado? No tengo ninguna razón para creerlo. Mi impresión es que acciones como las de Catonsville y Milwaukee podrían suscitar un amplio apoyo si se hiciera un esfuerzo por explicarlas y discutirlas. Si ha habido alguna deficiencia seria, creo que ha sido en este esfuerzo indispensable de apoyo de segundo orden.

No he examinado la cuestión de la sumisión voluntaria al arresto. A menudo se sostiene que se trata de un componente necesario de una legítima desobediencia civil. Por mi parte, simplemente no veo la lógica de esta argumentación. Para quien trata de impedir que el estado lleve a cabo acciones criminales, no hay ninguna obligación moral de someterse voluntariamente al castigo por sus actos. La negativa a someterse al castigo no implica, en sí misma, el negarse a reconocer la legitimidad del gobierno en términos generales (cosa que suele proponerse como criterio para distinguir la desobediencia civil de la rebelión), de modo análogo a como el negarse a colaborar voluntariamente en actos criminales mediante el pago de impuestos de guerra no pone por sí mismo en tela de juicio la legitimidad del gobierno. Más bien es un desafío a la legitimidad de ciertas acciones concretas realizadas por lo que puede ser o no ser una autoridad legítima, cosa que debe juzgarse según otros criterios.

Hay también otra cuestión más concreta: ¿Es oportuno destruir archivos de las conscripciones (dando por hecho, por mor del debate, que han sido solventadas todas las restantes dudas sobre estas acciones)? Hay un elemento coercitivo en tales acciones, consistente en que los derechos de los que se inscriben y las demandas sobre ellos resultan afectados sin su consentimiento ni su elección. Además, el efecto no es el de impedir que se realice el reclutamiento para las fuerzas armadas, sino su redistribución. Podría decirse lo mismo, en parte, a propósito de la resistencia a la conscripción, aunque cuando el volumen es importante -como en la California septentrional, donde se señala la existencia de tasas sumamente elevadas de negativas a servir que se elevan quizás a los dos tercios- hay un cambio cualitativo en el impacto político de la acción. Ha habido mucha discusión sobre estas cuestiones, sobre todo entre pacifistas, y no tengo nada que añadir a ella. Me parece que lo esencial es el impacto que puedan tener tales acciones para poner término a la atrocidad de la guerra norteamericana. Si la contribución es significativa, entonces esto compensa con creces el elemento de coerción que, para ser honestos, pocas veces está ausente de la desobediencia civil no violenta, por mucho que sea posible y necesario reducirlo.

Al discutir las cuestiones planteadas por las acciones de los Berrigan, he tratado de considerar los temas desapasionadamente. Admito que es difícil. No estamos discutiendo cuestiones abstractas de lógica sino el destino de un pueblo, la existencia ,de una sociedad. No es preciso visitar Indochina para apreciar el horror de la guerra norteamericana. Lo que ocurre es que es difícil, cuando uno quiere mirar los hechos cara a cara, tratar de equilibrar adecuadamente las formas legítimas de ruptura con los efectos de nuestra pasividad sobre la suerte de los pueblos de Indochina.

En una escala inferior de intensidad, es difícil ser desapasionado a propósito de los Berrigan. Nadie que los conozca puede dudar de que son individuos heroicos, deseosos de hacer lo que muchos se dan cuenta de que hay que hacer, sin tener en cuenta el costo personal, con una modestia en su estilo y una consecuencia con los principios que no puede por menos de inspirar el respeto más profundo. No hay demasiadas personas de quien pueda decirse tal cosa verazmente. Andrew Greeley se mofa de la comparación de Dan Berrigan con Dietrich Bonhoeffer. Sin embargo, la comparación es perfectamente apropiada.

En un texto reciente, Richard Falk, profesor de Derecho Internacional en Princeton, recordaba el llamamiento de Roosevelt al pueblo alemán:

Hitler está cometiendo estos crímenes contra la humanidad en nombre del pueblo alemán. Pido a cada uno de los alemanes y a cada uno de los seres humanos que esté bajo la dominación nazi en cualquier país, que muestre al mundo que no comparte estos perversos deseos criminales.

Y añade: «Hace tiempo que sería necesario un llamamiento semejante al pueblo norteamericano por parte de dirigentes responsables». No ha habido ni habrá un tal llamamiento. Sin embargo, ha habido unos escasos hombres y mujeres que han mostrado que no quieren participar en la agresión criminal que se ejerce contra el pueblo de Indochina. Los Berrigan se cuentan entre ellos.


NOTAS

* Este capítulo es una versión ligeramente abreviada del artículo aparecido inicialmente en el Holy Cross Quarterly, vol. 4, nº1, 1971.

1. Bernard Fall, Last Reflections on a War, pp. 33-34.

2. Townsend Hoopes, The Limits of Intervention.

3. Stanley Resor, testimonio del 8 de octubre de 1969, hecho público el 2 de diciembre; citado en I. F. Stone’s Weekly, 15 de diciembre de 1969. Ver también mi artículo «Revolt in the Academy», Modern Occasions, vol. 1, n.° 1, 1970. Un examen más detallado de los temas aquí mencionados puede encontrarse en mi artículo «Mayday: The Case for Civil Disobedience», New York Review of Books, 17 de junio de 1971.

4. Fall, Last Reflections, p. 231.

5. Hoopes, Limits of Intervention, p. 129.


Publicado en 1971.

Extraido de Por razones de Estado, Ariel, Barcelona, 1975; págs. 420-436.

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