Un tapiz humano rechaza en la acampada de Zaragoza la complicidad de l@s polític@s locales con la guerra en Libia

Texto de la convocatoria:

La empresa de armamento Instalaza, con fábrica en Zaragoza, ha estado en el centro de una polémica internacional por el supuesto uso de las bombas de racimo (modelo MAT-120), que la empresa vendió al régimen de Gadafi, en el bombardeo de la ciudad libia de Misrasta. Aunque la Convención sobre Municiones en Racimo, nunca subscrita por Libia, prohíbe ese tipo de armamento desde 2008, Instalaza logró tres permisos del gobierno español para la venta de bombas de racimo a ese país en 2007 por valor de 3,83 millones de euros, que hizo efectiva en 2008.

Hasta el año 2007, era el Código de Conducta de la UE el que explicitaba los 8 criterios para no autorizar ventas de armas en función de la situación del país de destino: cuando existe conflicto armado, violaciones de los derechos humanos o del Derecho Internacional Humanitario, riesgo de represión interna o de agravar tensiones existentes, riesgo de desvío a otros destinatarios o países que no sean los autorizados, etc. Dada la naturaleza del régimen libio, es más que dudoso que cumpliera estos requisitos. Todo parece indicar que, incluso desde el punto de vista legal, ya entonces no debería haberse autorizado la venta de este ni de ningún otro tipo de armamento al régimen dictatorial de Gadafi. Sin embargo, nadie parece plantearse sentar en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Internacional al gobierno español, como pretenden hacer ahora con el dirigente libio, ni nadie, por ejemplo, se acuerda de la munición con uranio empobrecido que ha arrojado la OTAN sobre las ciudades libias que también bombardea.

Ahora, el Ayuntamiento de Zaragoza, con los votos de PSOE, PP y PAR, ha aprobado una recalificación de la parcela que ocupa Instalaza en la calle Monreal, en pleno Casco Histórico, permitiéndole duplicar la edificabilidad máxima que admite el PGOU para que, con los beneficios inmobiliarios generados para la empresa, estimados entre 11 y 12 millones de euros, acceda a sacar las instalaciones del centro de la ciudad. Existe una escandalosa coincidencia de cifras entre lo estimado de beneficio mínimo por este «pelotazo» urbanístico, y las pérdidas de 11 millones de euros que alega la empresa haber sufrido en investigación, desarrollo, e inversión en maquinaria para la fabricación de las MAT-120, que se han ido por el desagüe de la prohibición internacional, y que, al parecer, habrían puesto a la empresa en quiebra técnica. Una quiebra que está eludiendo de momento gracias al resto de su catálogo de armamento, mientras otras empresas de armas españolas ven también frustradas sus programadas ventas a Libia.

Finalmente, también hay que denunciar que Instalaza, en el colmo de la rapiña de esta impresentable calaña empresarial, ha esperado a asegurarse el regalo institucional de la recalificación para hacer pública su reclamación de 40 millones más al gobierno central por “daño emergente y lucro cesante”, después de que España decidiera prohibir las bombas de racimo, en lo que, sin embargo, más bien parece ser un claro acuerdo entre las empresas de armamento afectadas por la prohibición internacional, y el gobierno español, que, una vez más, costearán nuestros impuestos.

NO AL COMERCIO DE ARMAS.

NO A LA RECALIFICACIÓN DE INSTALAZA SIN EXIGENCIA DE CONVERSIÓN A UNA PRODUCCIÓN DE FINES ESTRICTAMENTE CIVILES.

NO A LA GUERRA. ¡DEJAD QUE LOS PUEBLOS DECIDAN!

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