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Por corrupción en las transacciones comerciales internacional, corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y delito de organización y grupo criminal.

Se propone juzgar a la empresa estatal DEFEX y a su excúpula por contratos de material militar con Arabia Saudí

Se propone juzgar a la empresa estatal DEFEX y a su excúpula por contratos de material militar con Arabia Saudí

Redacción
Chema Fernández

Los hechos investigados, a juicio del titular del Juzgado Central de Instrucción 5, son constitutivos de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacional, corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y delito de organización y grupo criminal

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar la empresa pública DEFEX, a varios de sus antiguos administradores, entre ellos el expresidente José Ignacio Encinas Charro, así como a personas que actuaron como intermediarias, por las presuntas irregularidades en once contratos de suministro de material militar a Arabia Saudí suscritos entre 2005 y 2014 por más de 48 millones de euros.

Los hechos investigados, a juicio del titular del Juzgado Central de Instrucción 5, son constitutivos de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacional, corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo de capitales y delito de organización y grupo criminal.

En el auto de pase a procedimiento abreviado, que da diez días a la Fiscalía para presentar su escrito de acusación y que pone fin a la instrucción de esta pieza separada del dominado caso Defex, el instructor procede contra nueve personas físicas, entre ellas además de contra Encinas Charro, contra los exdirectivos Manuel Iglesias Sarria y Ángel Larumbe, entre otros, y contra las empresas Defex SA, Defence Development, Nytel Global y Meta como personas jurídicas.

Esta pieza, la tercera de este caso, tras las de Angola y Camerún, tiene por objeto la relación comercial mantenida por la empresa pública DEFEX SA con las autoridades gubernamentales de Arabia Saudí desde el año 2005 hasta 2014, en las que se aprecian presuntas irregularidades en la gestión y contabilidad de la empresa pública, y en su actividad comercial, en este caso, respecto a los contratos celebrados con el gobierno de Arabia Saudí, explica el auto, al haberse computado como verdaderos gastos los pagos en concepto de comisiones a sociedades consultoras que no se corresponderían con trabajos reales o verdaderos, o que no han resultado justificados, y pagos a terceros identificados, en algunos casos, con siglas o con la graduación militar que podrían referirse a personas pertenecientes o relacionadas con el gobierno de Arabia Saudí.

En relación con la actividad comercial de la empresa pública DEFEX SA y Arabia Saudí se investigan, dice el magistrado, once contratos de suministro de material militar, en los que las empresas que participaron como consultoras para la consecución y ejecución de los contratos no han acreditado la prestación de una verdadera actividad comercial. “Su intervención real habría tenido por objeto el pago de comisiones a terceros y un probable beneficio ilícito de los administradores de la empresa pública”, afirma.

Indicios sólidos del pago de comisiones ilícitas a autoridades

La resolución afirma que existen indicios “sólidos y consistentes” que ponen de manifiesto que todas las operativas desarrolladas por DEFEX en Arabia Saudí consistían en conseguir contratos públicos mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos de este país, aprovechándose de la absoluta falta de mecanismo y procedimientos de prevención que tenía la empresa pública.

Para ello, prosigue, pagaban también comisiones “extraordinarias, irrazonables y no justificadas” a agentes, concretamente a los investigados Álvaro Cervera, Carlos Ques Blandigneres y Paula Alexandra Olveira y Silva, por medios de sus empresas, todas ellas “meros parapetos para ocultar los intereses personales de los anteriores”.

Los responsables de dichas prácticas en Defex, explica el juez, fueron los directivos responsables del contrato, esto, es, Manuel Iglesias Sarria y Ángel Larumbe, “quienes mantenían el control de las operaciones y suscribieron prácticamente todos los contratos”. Junto a ellos también participaron, con perfecto conocimiento control del sentido último de las contrataciones y la finalidad de las actividades y destino de los fondos, continúa De la Mata, los también investigados Fernando Aguilar, Ana Cerrolaza, y Encinas Charro. “Este último no perdió la oportunidad de alcanzar un acuerdo personal con Cervera Pérez y rapiñar para sí mismo parte de esos fondos, ocultándolos en su sociedad instrumental y opaca Tabarka Corporation”, subraya el auto.

Para De la mata, en toda esta operativa ha sido pieza clave Álvaro Cervera, Carlos Ques Blandigneres y Paula Alexandra Olveira y Silva, los supuestos agentes, “y en realidad los conseguidores de los contratos que conseguían para sí y para Defex a cambio de enormes comisiones, absolutamente desproporcionadas (que en ocasiones llegaron incluso al 20% del valor de los contratos) y que repartían entre los propios agentes y autoridades y funcionaros públicos saudíes”.

Falta de prevención del delito y de control en Defex

Señala De la Mata que la compañía carecía de cualquier sistema interno de organización y control de sus operaciones comerciales y apunta que, en relación con los mecanismos de prevención de delito y control establecidos, en concreto, tanto en general como en relación con la UTE, eran “simplemente inexistentes”.

Un buen ejemplo de la absoluta falta de mecanismos de organización y control de DEFEX SA en la gestión del contrato, señala el juez, es la contratación de IKE.

“El descontrol en DEFEX SA era tan grande que los directivos de DEFEX no han sido capaces siquiera de conocer, no ya los servicios que el grupo IKE prestara, sino que ni siquiera consta en la empresa qué personas podían estar tras esta mercantil y ser sus beneficiarios. Ni siquiera ahora ha logrado resolver DEFEX de manera completa el misterio de la verdadera identidad de esta compañía. Naturalmente, porque CerveraPérez y al menos los directivos de Defex Iglesias-Sarria, Larumbe Burgui y Aguilar se han negado a aportar tal identidad, en cuanto existen múltiples correos de Cervera Pérez que aluden al conocimiento de todos de la identidad oculta de los beneficiarios últimos del grupo”, explica.

“Lo relevante, en todo caso, -destaca el instructor-, no es que estas personas hayan aportado estos datos o no. Lo remarcable es que DEFEX suscribió contratos con este supuesto agente durante años y realizó en su favor pagos multimillonarios, sin tener formalmente la más remota idea de a quién estaba transfiriendo tales fondos y por qué razón, más allá de que Cervera Pérez les indicaba que esto era esencial para poder conseguir los contratos o para poder conseguir la ejecución de los contratos”.

Fuente: https://www.compostela24horas.com/t...

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