Objeción de Conciencia en Chile: Sin miedo a la libertad

Artículo enviado por Andrés Pérez

La propuesta del Gobierno por consagrar un Servicio Ciudadano Alternativo como opción al actual Servicio Militar Obligatorio potencia un debate sobre las prerrogativas correspondientes al Estado y a los individuos. Diputados de la UDI ya manifestaron su oposición.

Por Andrés Pérez González / La Nación Domingo (16 de julio de 2006)

En Chile, los objetores de conciencia suman unos 300 y ejercen esa condición de hecho, de forma insumisa. Ellos dicen que lo suyo es una crítica al militarismo y que se debe tener presente que “todo servicio no es más que servidumbre”, trátese de una función militar o civil.
Mientras la Real Academia Española de la Lengua entiende por militarismo la “preponderancia de los militares, de la política militar o del espíritu militar en una nación”, estos objetores antimilitaristas chilenos van más allá, asumiéndolo como “una ideología antidemocrática, que niega el respeto por el otro, que entroniza la verticalidad en la toma de las decisiones, amparada por expertos, y que se traspasa al resto de la sociedad como una ‘militarización social’”.

A mediados de junio pasado, en pleno torbellino futbolero, una treintena de antimilitaristas españoles decidieron protestar contra el Ejército, introduciéndose once de ellos -vestidos de futbolistas- en una dependencia militar en Bilbao para “jugar un partido” contra efectivos de esa institución castrense. En sus camisetas se distinguía un casco invertido, utilizado como macetero, coronado con una flor. Otro se las arregló para subirse a una garita de vigilancia y, cual árbitro, desplegar una tarjeta roja gigante y gritar “si hay guerras es porque hay ejércitos”. Inmediatamente fueron detenidos, arriesgando penas de hasta tres años de cárcel.

Por la misma fecha, en las pantallas de los televisores en Chile, helicópteros, barcos de guerra, infantes de marina con camuflaje ad-hoc acaparaban el tiempo de los comerciales en las transmisiones realizadas por TVN del recién concluido Mundial de Fútbol. La misma publicidad puede observarse en las estaciones del Metro, en terminales de buses e, incluso, en algunas notas televisivas en horario prime. Pese a esos intentos, detallan algunos analistas, el porcentaje de voluntarios alcanzó un 67% en el último período, un año atrás esa cifra correspondía a más del 70% de un universo de 15 mil conscriptos. En 1998 eran unos 27 mil los aspirantes a soldados.

Recientemente, como la medida 34 de las 36 comprometidas para los primeros cien días, el Gobierno de Bachelet envió un proyecto de ley que incluye la objeción de conciencia para eximirse del Servicio Militar Obligatorio (SMO), planteando, en cambio, la realización de un Servicio Ciudadano Alternativo. Según la ministra de Defensa, Vivianne Blanlot, “los objetores podrán integrar la defensa civil y colaborar en situaciones de catástrofe o emergencia nacional”.

Así las cosas, quien considere que violenta su conciencia si usa armas o participa de conflictos bélicos, sea por razones religiosas, filosóficas o políticas, debería presentar una carta notariada a una comisión especial que evaluará si el eventual objetor ha presentado “razones verdaderas y acreditadas” para no realizar el SMO. De ese modo, según la ministra, “se evita” que la nueva figura sea usada por quienes sólo quieren “sacarse” el servicio militar, obviando que, pese a la obligatoriedad imperante en la Constitución, éste lo realizan principalmente los sectores más desposeídos del país.

El cientista político David Álvarez, editor de la revista “Fuerzas Armadas y Sociedad” de Flacso-Chile, cree que si se trataba de “garantizar un servicio a la patria, la mejor opción hubiera sido un sistema obligatorio universal con la inclusión de la objeción de conciencia y un servicio civil sustitutorio”.

Por cierto, de ser aprobada la propuesta se permitiría a los objetores acreditados realizar labores de “cooperación” en misiones de operación de paz, como en Haití (donde están desplegadas tropas chilenas), o en asociación con organizaciones no gubernamentales en el ámbito de la salud, educación o lo social.

Para los objetores de conciencia antimilitaristas e insumisos -como el grupo Ni Casco Ni Uniforme, de Santiago; Rompan Filas, de Temuco; Re/evolución, de Linares; Gampoc, de Concepción, o Insumises, de Rancagua-, la propuesta gubernamental los equipara con aquellos imputados que deben cumplir penas alternativas de “beneficio a la comunidad”. Patricio Carvallo, del colectivo metropolitano, acusa una “discriminación negativa al objetor, un castigo, contrastándolo con quien opta por sacarse el servicio por ‘pituto’, estudios o algún certificado médico falso”.

El año pasado, el Legislativo ya rechazó esta propuesta que estuvo incluida en el proyecto de ley de modernización del modelo de reclutamiento (actual Ley Nº 20.045, que entró en vigencia este año y que establece la creación de una oficina de reclutamiento y un sistema de aleatoriedad en la lista de los llamados de no llenarse con voluntarios).

Ya la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), del 5 de marzo de 1987, estableció que la objeción de conciencia al SMO debe ser considerada como un ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

La propuesta gubernamental acompañará a la presentada el pasado 14 de junio por el presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal (PPD), junto a los diputados Francisco Encina (PS), Gabriel Silber (DC) y Joaquín Godoy (RN), y que actualmente cursa el primer trámite legislativo.

Leal puntualizó, en ese entonces, que ya existe un artículo en la ley que establece una objeción de conciencia y que dice relación con que los hijos de aquellas personas que fueron detenidas o ejecutadas no pueden realizar el servicio militar.

PARANOIA

Por su parte, los diputados UDI María Angélica Cristi, Jorge Ulloa e Iván Norambuena no vacilaron en manifestar su disconformidad con la medida 34 de la administración Bachelet, considerándola “una imposición ideológica” que plantea un conflicto entre la libertad personal y el derecho común a que todos hagan su aporte a la defensa del país.

En los hechos, eso último no ocurre ni tampoco existe la intención por sincerar el actual modo de reclutamiento que aún le resulta beneficioso al Ejército, que se adjudica gran parte de la torta de conscriptos, ya que tanto la FACH como la Armada cierran sus contingentes con voluntarios, llevándose un porcentaje menor.

Los parlamentarios UDI adujeron que el proyecto se basa en “consideraciones subjetivas” que pueden aprovecharse para eludir una obligación ciudadana. Pero un informe del Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado explicita que tal subjetividad es propia de cuestiones de conciencia.

Con cierta paranoia, los citados diputados derechistas vaticinaban que “si en un país se generaliza la objeción de conciencia, se arriesga el sistema de defensa concebido actualmente y, por ende, la soberanía y seguridad del Estado”.

“¿Es eso lo que quiere el país?”, se interrogaba retóricamente el experto Gustavo Basso Cancino, de la Academia Nacional de Estudios Político-Estratégicos (dependiente del propio Ministerio de Defensa). “La función defensa nacional a nadie discrimina al momento de materializarse tanto en tiempo de paz como de guerra. Todos sin distinción de ninguna especie quedan bajo su manto protector. Por ello, no parece justo que mientras algunos ciudadanos estén dispuestos a dar la vida por sus compatriotas, el propio Estado permita que otros se eximan de un deber nacional porque su conciencia no se lo permite”.

Para Carvallo, de Ni Casco Ni Uniforme, la oposición de la UDI no es más que “un saludo a la bandera”, siendo ese conglomerado la “conciencia moral del militarismo exacerbado”.

Por lo demás, el mencionado informe de la universidad jesuita destacaba que le resultaba al menos extraña la inclusión del concepto de objeción de conciencia como “impedimento ético”.

¿UN NUEVO OBJETOR?

La propuesta del Gobierno cuenta con una amplia aprobación de organizaciones de derechos humanos y religiosas: Amnistía Internacional-Sección Chilena, Centro Ecuménico Diego de Medellín, Corporación Chilena pro Derechos Juveniles (Codeju) y la Corporación Servicio Paz y Justicia (Serpaj-Chile), entre otras.

Un documento del grupo Ni Casco Ni Uniforme aseguraba que “esta propuesta de ley excluye en la práctica a quienes no sean parte de la institucionalidad de izquierda o de derechos humanos y eclesial, dado que ‘cuando lo estime indispensable podrá citar al solicitante o requerir informes a instituciones religiosas o humanitarias, con objeto de allegar antecedentes para su pronunciamiento’. Es decir, quien no sea parte del mundo religioso, de derechos humanos o de la política tradicional, no tendrá quien lo avale ante ‘quienes deciden si la conciencia es válida o no’. Se excluye de ese modo a quienes en Chile son la mayoría del movimiento de objeción de conciencia: quienes también objetan la institucionalidad política y religiosa”.

El antimilitarista Carvallo asegura que bastaría con una declaración pública que estipule ese compromiso personal, constatada vía notarial o intendencia.

Por cierto, tanto la propuesta del Gobierno como la del diputado Leal descartan el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia en período de guerra, cuando se decreta el estado de asamblea. “Es absolutamente normal que en tiempo de conflicto bélico, estando en peligro la sobrevivencia del Estado, sea necesario el reclutamiento de toda la gente”, asevera el politólogo David Álvarez, quien ha realizado varios estudios sobre la modernización del servicio militar, apelando a la imperiosa necesidad de profesionalización.

El experto de Flacso sentencia que estas últimas modificaciones “demuestran la inutilidad de la ley aprobada el año pasado, ya que no abordó las cuestiones de fondo: la obligatoriedad del servicio militar y la inclusión de la objeción de conciencia”. Pide, por lo demás, que esta discusión no se descontextualice en el Congreso, integrándola dentro de un debate mayor que pregunte por la finalidad del entrenamiento militar anual de 15 mil o 10 mil efectivos y por el tipo de defensa deseada para el país.

Por cierto, para el diputado Leal la tragedia de Antuco constituye un punto de inflexión que debiera potenciar este debate. “Creo que estamos en un antes y un después, y esto es algo muy perentorio hoy en día porque tiene que ver con un valor supremo acerca de la posibilidad de que las personas decidan lo que hacen con su vida y que el Estado no puede imponer en temas valóricos que las personas tengan que realizar un servicio militar si es que ello va en contra de sus convicciones”.

Precisamente cuando existe el peligro de comprender el patriotismo tan sólo en términos bélicos, es que la opción por la paz se hace cada vez más urgente. En tanto, los objetores de conciencia chilenos persisten en su estrategia: “Por ahora, es desobedecer para obedecer nuestra conciencia”.