La Ley de ocultación de las ventas de armas

Estimados/as,

Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley sobre el
control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso sólo queda
pendiente su aprobación por el Senado. Es poco probable que se produzcan
modificaciones a su contenido. En esta nota se va a realizar un comentario crítico a
su contenido.

La Ley de ocultación de las ventas de armas

Para poder exportar armas se necesita una autorización administrativa que concede el
Ministerio de Industria. Esta autorización se concede siempre que exista un informe
favorable de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material
de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), que es el órgano que valora que las
exportaciones cumplan los requisitos establecidos por la ley. Por ley la JIMDDU
tiene que velar por el cumplimiento del Código de Conducta de la UE, código que ha
quedado recogido por la misma Ley. Este código establece que no deben venderse armas
a países sancionados, inestables, en conflicto armado, que vulneren los Derechos
Humanos, que no condenen el terrorismo o que tengan un nivel de bienestar delicado.
A la vista de ello ¿Cómo hay que interpretar las exportaciones de armas españolas a
Turquía, Arabia Saudita, Marruecos, Ecuador, Colombia, India, Israel, Venezuela,
Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Singapur, Tailandia, Sri Lanka, Angola, Ghana,
Pakistán y Kenia?. A la luz de estas exportaciones ¿cómo comprobar que la JIMDDU
cumple la ley si sus decisiones y sus actas son secretas?

Desde Justicía i Pau entendemos que una verdadera transparencia tiene como condición
previa que se prohíba clasificar como secreto de estado el contenido de las actas de
la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y
de Doble Uso (JIMDDU). Mientras se mantenga el contenido de dichas actas como
secreto de Estado, hablar de transparencia en materia de comercio de armas es una
forma de manipulación. El secreto de Estado en el comercio de armas impide hablar de
transparencia y además otorga la cobertura necesaria para ocultar el descontrol
existente en el comercio de armas. Un descontrol que la nueva Ley no atajará
mientras mantenga sus auténticas causas: el secretismo y los poderes arbitrarios que
se otorgan a la JIMDDU.

Mantener las actas de la JIMDDU clasificadas como secreto de Estado, supone que la
información sobre el comercio de armas no puede ser conocida por la opinión pública
ni sometida a control parlamentario. Precisamente por eso se han clasificado como
secreto de Estado, para ocultar a la ciudadanía y al parlamento los aspectos más
escandalosos del comercio de armas. El comercio de armas es así un negocio secreto,
que sólo conocen las industrias armamentísticas y la Administración. El secretismo
imposibilita en la práctica que se pueda llevar a cabo un control judicial de las
autorizaciones administrativas de exportación otorgadas. Jurídicamente esta
clasificación como secreto vulnera la Ley sobre Secretos Oficiales, que sólo permite
declarar como secreta aquella información cuyo conocimiento público «pueda dañar o
poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado» (artículo 2).

Otro de los aspectos más negativos de la Ley es que otorga a la JIMDDU el poder de
no exigir informe previo ni documentos de control en aquellas exportaciones que se
determinen reglamentariamente (artículo 14, apartado 3). El reglamento vigente le
permite a la JIMDDU una libertad total en este sentido, situación que muy
probablemente no cambie con el nuevo reglamento. La ley no impide que la JIMDDU
decida no controlar determinadas exportaciones, poder que podrá utilizar a su libre
arbitrio. Si sumamos secretismo y arbitrariedad el resultado no puede ser otro que
el descontrol (o falta de control) en el comercio de armas.

La Ley también obliga al Gobierno a enviar al Congreso de los Diputados información
estadística sobre las exportaciones de armas (artículo 16). Se recoge así legalmente
una práctica que venía realizándose desde hace varios años. El contenido de estas
estadísticas es muy deficiente ya que impiden conocer realmente qué armas se
exportan. Por ejemplo el informe del 2006 recoge que a Marruecos se han exportado
armas por valor de 6.922.200 ? dentro por la categoría 4 (bombas, torpedos, cohetes,
misiles). Es decir podemos saber el valor de la exportación por país, pero no
exactamente el producto, ¿se han vendido minas antipersona?, ¿se han vendido bombas
de racimo a alguno de estos países? Esta información no la ofrece el informe del
2006 y no se ofrecerá en los informes de los próximos años.

Se nos presenta como avance que el artículo 16 contemple que el gobierno informará
sobre usuario final y la naturaleza pública o privada de la exportación. El informe
del 2006 facilita la siguiente información, por ejemplo las exportaciones a Canadá
en un 99,61% (del valor de lo exportado) el usuario es privado y el importador es
una empresa privada y en el 0,39% el usuario son las fuerzas armadas y el uso es
público. Canadá recibió por categoría 4 (bombas, torpedos, cohetes, misiles) armas
por valor de 1.031.850 ?. Resulta alarmante que se hayan podido vender a una empresa
privada y para uso privado bombas o misiles y que no podamos saber que clase de
empresa es, a que se dedica y bajo que conceptos puede la empresa usar dichas bombas
o misiles. ¿Significan dichas exportaciones que empezamos a privatizar la guerra?

Si a ello le sumamos la aplicación del secreto estadístico, que ya no se recoge
expresamente en el texto de Ley pero resulta aplicable en virtud del artículo 13 de
la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública, las estadísticas de
exportación no van a incluir datos relativos a los exportadores y a los productos
exportados.

Por último, la Ley no prohíbe la fabricación y exportación de bombas racimo, sino
que se limita a señalar que el Gobierno promoverá y apoyará las iniciativas
nacionales e internacionales para restringirlas y, en su caso, prohibirlas
(disposición final tercera ter). Aparte del dudoso valor jurídico de esta fórmula,
el secretismo existente impide saber si realmente se están exportando bombas racimo.

En conclusión, contrariamente a su denominación, la ley aprobada no es la ley del
control del comercio de armas, sino la ley que garantiza su descontrol y su
ocultación. Nuestra valoración de que esta Ley no va a suponer una mejor práctica de
nuestro gobierno viene avalada por otras políticas que impulsa el gobierno a través
de diversos ministerios. No podemos esperar que nuestro gobierno sea escrupuloso en
el cumplimiento del espíritu de la Ley si desde diferentes ministerios se llevan a
cabo políticas de apoyo a la industria de armamento, como la política de inversión o
la política de investigación y desarrollo de nuevas armas, o la participación en
proyectos europeos de nuevas armas, o la política de fomento de las exportaciones de
armas españolas. Cabe destacar la compleja organización administrativa dedicada
patrocinar las exportaciones de armas españolas, la Oficina de Apoyo Exterior del
Ministerio de Defensa, las Agregadurías de Defensa que existen en las embajadas, y
dos empresas públicas DEFEX S. A. e ISDEFE - Gerencia de Cooperación Industrial.
Finalmente destacar que muchas de las exportaciones de armas españolas se realizan
con financiación pública o se aseguran a través de la empresa pública Compañía
Española de Seguros de Crédito a la Exportación, S. A.

Parece razonable pensar que no sólo a través de la legislación se regulará la
política de exportaciones de armas españolas; sino la forma en que se interpreta y
aplica son unas piezas más de la política de fomento de las exportaciones de armas.
Prueba de ello son las escasísimas denegaciones de autorizaciones que se producen
(16 en 2005 y 3 en 2006, según las estadísticas oficiales).

Eduardo Melero y Tica Font (Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs de Justícia i Pau)

Benvolguts/des,

Després de l’aprovació en el Congrés dels Diputats del Projecte de llei sobre el
control del comerç exterior de material de defensa i de doble ús, només queda
pendent la seva aprovació pel senat. És poc probable que es produeixin modificacions
en el seu contingut. En aquesta nota es realitzarà un comentari crític al seu
contingut.

La llei d’ocultació de la venda d’armes

Per a poder exportar armes es necessita una autorització administrativa que
concedeix el Ministeri d’Indústria. Aquesta autorització es concedeix sempre que hi
hagi un informe favorable de la Junta Interministerial Reguladora del Comerç
Exterior de Material de Defensa i de Doble Ús (JIMDDU), que és l’òrgan que valora
que les exportacions compleixin els requisits establerts per la llei. Per llei la
JIMDDU ha de vetllar pel compliment del Codi de Conducta de la UE, codi que ha
quedat recollit en la mateixa llei. Aquest codi estableix que no s’han de vendre
armes a països sancionats, inestables, en conflicte armat, que vulnerin els drets
humans, que no condemnin el terrorisme o que tinguin un nivell de benestar delicat.
A la vista d’això, com cal interpretar les exportacions d’armes espanyoles a
Turquia, Aràbia Saudí, el Marroc, Equador, Colòmbia, Índia, Israel, Veneçuela, Unió
dels Emirats Àrabs, Indonèsia, Singapur, Tailàndia, Sri Lanka, Angola, Ghana,
Pakistan i Kenya? A la llum d’aquestes exportacions, com comprovar que la JIMDDU
compleix la llei si les seves decisions i les seves actes són secretes?

Des de Justícia i Pau entenem que una veritable transparència té com a condició
prèvia que es prohibeixi classificar com a secret d’estat el contingut de les actes
de la Junta Interministerial Reguladora del Comerç Exterior de Material de Defensa i
de Doble Ús (JIMDDU). Mentre es mantingui el contingut d’aquestes actes com a secret
d’Estat, parlar de transparència en matèria de comerç d’armes és una forma de
manipulació. El secret d’Estat en el comerç d’armes impedeix parlar de transparència
i a més atorga la cobertura necessària per ocultar el descontrol existent en el
comerç d’armes. Un descontrol que la nova llei no tallarà mentre mantingui les seves
autèntiques causes: el secretisme i els poders arbitraris que s’atorguen a la JIMDDU
.

Mantenir les actes de la JIMDDU classificades com a secret d’Estat suposa que la
informació sobre el comerç d’armes no pot ser coneguda per l’opinió pública ni
sotmesa a control parlamentari. Precisament per això s’han classificat com a secret
d’Estat, per ocultar a la ciutadania i al Parlament els aspectes més escandalosos
del comerç d’armes. El comerç d’armes és així un negoci secret, que només coneixen
les indústries armamentístiques i l’Administració. El secretisme impossibilita en la
pràctica que es pugui portar a terme un control judicial de les autoritzacions
administratives d’exportació atorgades. Jurídicament aquesta classificació de secret
vulnera la Llei sobre secrets oficials, que només permet declarar com a secret
aquella informació el coneixement públic de la qual «pugui danyar o posar en risc la
seguretat i defensa de l’Estat» (article 2).

Un altre dels aspectes més negatius de la llei és que atorga a la JIMDDU el poder de
no exigir informe previ ni documents de control en aquelles exportacions que es
determinin reglamentàriament (article 14, apartat 3). El reglament vigent permet a
la JIMDDU una llibertat total en aquest sentit, situació que molt probablement no
canviï amb el nou reglament. La llei no impedeix que la JIMDDU decideixi no
controlar determinades exportacions, poder que podrà utilitzar al seu lliure
arbitri. Si sumem secretisme i arbitrarietat el resultat no pot ser altre que el
descontrol (o falta de control) en el comerç d’armes.

La llei també obliga el Govern a enviar al Congrés dels Diputats informació
estadística sobre les exportacions d’armes (article 16). Es recull així legalment
una pràctica que es realitza des de fa diversos anys. El contingut d’aquestes
estadístiques és molt deficient, ja que impedeixen conèixer realment quines armes
s’exporten. Per exemple, l’informe del 2006 recull que al Marroc s’han exportat
armes per valor de 6.922.200 ? en artefactes inclosos en la categoria 4 (bombes,
torpedes, coets, míssils). És a dir, podem saber el valor de l’exportació per país,
però no exactament el producte: s’han venut mines antipersona?, s’han venut bombes
de dispersió a algun d’aquests països? Aquesta informació no l’ofereix l’informe del
2006 i no s’oferirà en els informes dels propers anys.

Se’ns presenta com avanç que l’article 16 inclogui que el govern informarà sobre
l’usuari final i la naturalesa pública o privada de l’exportació. L’informe del 2006
facilita la informació següent; per exemple, les exportacions a Canadà en un 99,61%
(del valor exportat) l’usuari és privat i l’importador és una empresa privada i en
el 0,39% l’usuari són les forces armades i l’ús és públic. Canadà va rebre per
categoria 4 (bombes, torpedes, coets, míssils) armes per valor de 1.031.850 ?.
Resulta alarmant que s’hagin pogut vendre a una empresa privada i per a ús privat
bombes o míssils i que no puguem saber quina classe d’empresa és, a què es dedica i
sota quins conceptes pot l’empresa utilitzar aquestes bombes o míssils. Signifiquen
aquestes exportacions que comencem a privatitzar la guerra?

Si a això sumem l’aplicació del secret estadístic, que ja no es recull expressament
en el text de llei però resulta aplicable en virtut de l’article 13 de la Llei
12/1989, de 9 de maig, de la funció estadística pública, les estadístiques
d’exportació no inclouran dades relatives als exportadors i als productes exportats.

Finalment, la llei no prohibeix la fabricació i exportació de bombes de dispersió,
sinó que es limita a assenyalar que el Govern promourà i donarà suport a les
iniciatives nacionals i internacionals per restringir-les i, si s’escau,
prohibir-les (disposició final tercera). A part del dubtós valor jurídic d’aquesta
fórmula, el secretisme existent impedeix saber si realment s’estan exportant bombes
penjoll.

En conclusió, contràriament a la seva denominació, la llei aprovada no és la llei
del control del comerç d’armes, sinó la llei que garanteix el seu descontrol i la
seva ocultació. La nostra valoració que aquesta llei no suposarà una millor pràctica
del nostre Govern és avalada per altres polítiques que impulsa el Govern a través de
diversos ministeris. No podem esperar que el nostre Govern sigui escrupolós en el
compliment de l’esperit de la llei si des de diferents ministeris es porten a terme
polítiques de suport a la indústria d’armament, com la política d’inversió o la
política d’investigació i desenvolupament de noves armes, o la participació en
projectes europeus de noves armes, o la política de foment de les exportacions
d’armes espanyoles. Cal destacar la complexa organització administrativa dedicada a
patrocinar les exportacions d’armes espanyoles, l’Oficina de Suport Exterior del
Ministeri de Defensa, les Agregaduries de Defensa que hi ha en les ambaixades, i
dues empreses públiques DEFEX S. A. i ISDEFE - Gerència de Cooperació Industrial.
Finalment cal destacar que moltes de les exportacions d’armes espanyoles es
realitzen amb finançament públic o s’asseguren a través de l’empresa pública
Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació, S. A.

Sembla raonable pensar que no només a través de la legislació es regularà la
política d’exportacions d’armes espanyoles, sinó que la forma amb què s’interpreta i
aplica són unes peces més de la política de foment de les exportacions d’armes.
Prova d’això són les poques denegacions d’autoritzacions que es produeixen (16 el
2005 i 3 el 2006, segons les estadístiques oficials).

Eduardo Melero y Tica Font (Centre d’Estudis per a la Pau J.M. Delàs de Justícia i Pau)