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Intervención Ciudadana ante la corte suprema de justicia

En defensa de la Objeción de Conciencia en Colombia

En defensa de la Objeción de Conciencia en Colombia

PROPUESTA PARA LA ADHESIÓN A UNA INTERVENCIÓN CIUDADANA
SOBRE EL DERECHO A LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA AL SERVICIO MILITAR

1. Antecedentes

En Colombia, un país que ha vivido un conflicto armado por más de 40 años, no existe reconocimiento legal del derecho a la objeción de conciencia al servicio militar. El servicio militar en principio es obligatorio para todos los colombianos, aunque existen varias exenciones para circunstancias especiales, reguladas por la Ley 48 de 1993, por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización. El artículo 27 de dicha ley presenta dos exenciones en todo tiempo al servicio militar obligatorio: los limitados físicos y sensoriales permanentes, y los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica. Los objetores de conciencia al servicio militar no están incluidos dentro de estas exenciones, ni tampoco dentro de las demás circunstancias especiales cobijadas por la Ley 48.

El no reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia ha causado violaciones graves de los derechos fundamentales y constitucionales a la libertad de conciencia, trabajo y educación de los objetores de conciencia, quienes manifiestan su intención de no prestar el servicio militar por razones religiosas, éticas, políticas o humanitarias. Los objetores en Colombia no tienen la posibilidad de terminar sus estudios superiores, aspirar a un trabajo y elegir oficio en tanto que no pueden definir su situación militar, situación que constituye un prerrequisito para adelantar dichas actividades. También han sido perseguidos injustamente por las autoridades como remisos, y sujetos a formas de reclutamiento que, como las batidas, resultan fuertemente cuestionables.

En colaboración con varios grupos de objetores y objetoras de conciencia colombianos, el Grupo de Derecho de Interés Público y el Observatorio de Justicia Constitucional de la Universidad de los Andes, han elaborado y presentado una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de Colombia, solicitando que la Corte incluya dentro de las exenciones en todo tiempo al servicio militar a los objetores de conciencia.

2. Argumentos sostenidos en la demanda de constitucionalidad

La demanda solicita que la Corte declare la exequibilidad condicionada del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, por las violaciones de los derechos constitucionales a la igualdad (artículo 13), libertad de conciencia (artículo 18) y libertad de cultos (artículo 19) causadas por la omisión legislativa en la que incurrió el legislador al no incluir dentro de las exenciones en todo tiempo a la prestación del servicio militar obligatorio a los objetores de conciencia.

Para demostrar que existe una omisión legislativa en el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, la demanda aplica los cinco pasos que la Corte ha establecido para el examen de constitucionalidad en el caso de presentarse una posible omisión legislativa. De esta manera, en la demanda se argumenta que existe una norma que determina los grupos de individuos que están exentos de prestar el servicio militar obligatorio y, por tanto, que existe una norma sobre la que se puede predicar una omisión relativa; que los casos excluidos de la norma son análogos a los incluidos; que la exlusión carece de un principio de razón suficiente; que la exclusión de los objetores de conciencia les genera un daño; y que la omisión es el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador.

En este mismo orden de ideas, la demanda argumenta que las sentencias de la Corte Constitucional en las cuales se han analizado temas relacionados con la objeción de conciencia, no son aplicables al caso concreto por no contener ratione decidendi (razones de la decisión) aplicables al examen de constitucionalidad. También establece que, si la Corte considera que existe precedente aplicable, hay dos razones por las cuales la Corte debería darle un giro a su jurisprudencia: por un lado, que las sentencias promulgadas por la Corte Constitucional no tomaron en cuenta todas las normas pertinentes para pronunciarse sobre la objeción de conciencia y, por el otro, que existe doctrina controversial sobre la materia tanto en la Corte Constitucional como en los órganos internacionales y regionales de derechos humanos. El Tribunal Constitucinal ha establecido que estas dos circunstancias, entre otras, justifican un cambio en el precedente.

3. Intervenciones ciudadanas

La demanda de inconstitucionalidad fue presentada el 19 de marzo de 2009. Desde esta fecha, existe un plazo de aproximadamente un mes para presentar intervenciones ciudadanas que apoyen o cuestionen las pretensiones de la demanda. En este momento, ya están listas varias intervenciones ciudadanas, entre las cuales están la preparada por la Immigration and Human Rights Clinic de Florida International University, Estados Unidos; la que redactó la Universidad Carlos III de Madrid, España; y una escrita por la Comisión Colombiana de Juristas. Esta última se está circulando actualmente dentro y fuera de Colombia, con el fin de solicitar la adhesión de individuos y organizaciones adicionales.

La intervención ciudadana preparada por la Comisión Colombiana de Juristas se concentra en el derecho internacional y comparado, y apoya en su integridad la demanda de constitucionalidad. La intervención considera necesario que la Corte Constitucional declare la exequibilidad condicionada del artículo 27 de la Ley 48 de 1993, por la omisión legislativa en la que incurrió el Congreso Nacional al no incluir dentro de las exenciones en todo tiempo a la prestación del servicio militar obligatorio a los objetores de conciencia.

La intervención primero demuestra que existe una creciente tendencia en el derecho internacional y comparado a reconocer el derecho a la objeción de conciencia, el cual se deriva del derecho a la libertad de conciencia establecido en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Para demostrar dicha tendencia, se hace una exposición detallada de disposiciones del derecho internacional, decisiones de diversos órganos de monitoreo de derechos humanos, y leyes y prácticas de Estados en donde se reconoce el derecho a la objeción de conciencia. La intervención argumenta que las normas y decisiones internacionales sobre la objeción de conciencia son relevantes, y en algunos casos de carácter vinculante, para la decisión que debe tomar la Corte Constitucional en este caso, y que las prácticas de los Estados son referentes que la Corte debe tener en cuenta en su evaluación de la omisión legislativa que se enuncia y justifica en la demanda.

La intervención también argumenta que es cuestionable argumentar que no se debe reconocer el derecho a la objeción de conciencia en tanto que existe un deber de servir a la nación. Negar la existencia de este derecho no es una acción necesaria ni proporcionada para garantizar el fin anotado. teniendo en cuenta que el mismo se puede cumplir a través de un servicio socialalternativo. En la demanda también se presentan ejemplos de las maneras como se implementa el servicio social alternativo en países que reconocen el derecho a la objeción de conciencia, así como información empírica que demuestra que el derecho a la objeción de conciencia es compatible con la existencia y funcionamiento de las fuerzas militares.

4. Adhesión a las intervenciones ciudadanas

El amplio apoyo de la demanda, a través de las intervenciones ciudadanas, es de suma importancia para mostrarle a la Corte que existe un número significativo de organizaciones y personas que apoyan el argumento que los objetores de conciencia deben estar exentos de la obligación de prestar el servicio militar obligatorio, y para destacar la importancia que tiene el tema para la sociedad colombiana.

Adjuntamos un formato de adhesión, que puede ser utilizado por organizaciones o personas interesadas en suscribir la intervención preparada por la Comisión Colombiana de Juristas que se describió arriba y que se anexa a esta comunicación. Los que estén interesados en suscribirla deben diligenciar el formato , firmarlo y mandarlo por fax a Mauricio Albarracín de la Comisión Colombiana de Juristas, o dirigirse a las personas indicadas abajo para coordinar su entrega personal.

La intervención ciudadana puede ser firmada por cualquier persona u organización, así que siéntanse libres de circularla entre sus contactos Hay una versión de la intervención en inglés, que está disponible para todos los interesados; quienes quieran revisar esta versión o las intervenciones ciudadanas preparadas por la Immigration and Human Rights Clinic de Florida International University o por la Universidad Carlos III de Madrid, pueden dirigirse a los contactos indicados abajo.

Mauricio Albarracín
Comisión Colombiana de Juristas
mauricioalbarracin coljuristas.org
Teléfono (571) 3768200. Extensiones 143 y 180
Celular (57) 3118121565
Fax: (571) 3768230

Meghan Morris
mmorris law.harvard.edu
Celular (57) 320 474 4078

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