112 convenios de Defensa con otras instituciones desde enero a 30 de agosto

Juan Carlos Rois
Tortuga.

Acaba agosto, se retoma el curso oficial y volveremos al ruido mediático que provoca la mentira oficial, ahora más ensordecedora si cabe porque se acercan nuevas confrontaciones electoreras.

El calor hace daño, al menos a mi cacumen, que se anda poco avispado y comete imprecisiones a veces, como es el caso del último artículo que publiqué aquí mismo sobre ISDEFE, donde dije que el Ex JEMAD Julio Rodríguez enchufó a su mujer en ISDEFE citando una afirmación del Coronel Candil en su reciente libro, sin contrastar la certeza de esta afirmación. Y resulta que no, que Rodríguez conoció a su mujer cuando esta llevaba la tira de años en ISDEFE. De modo que aprovecho para rectificar en toda regla.

Volvamos ahora a lo nuestro.

Desde aquí cada vez soportamos menos el ruido y oímos mejor los silencios de lo que no se quiere ver ni decir. Por ejemplo, el alarmante belicismo militarista que nos asfixia y que, a poco, veremos de forma más grosera cuando quede menos tiempo para combatirlo. Ya saben eso del poema de Bretch de ir viendo pasar desgracias y pasear desgraciados en silencio hasta que nos toque el turno a nosotros.

Y hablando de silencios, ¿qué les parece si les digo que, desde el uno de enero hasta el 30 de agosto, piano piano, el Ministerio de Defensa ha firmado nada menos que 112 convenios de colaboración con distintas entidades (públicas y privadas) incluyendo múltiples universidades?

¿Asombra? Pues no es para sorprenderse,porque el año pasado suscribió muchos más con vigencia para varios años, y el anterior igual y así hasta el infinito.
De este modo, por ejemplo, casi todas las universidades tienen, hasta la fecha, convenios de colaboración con el militarismo con vigencia de uno, dos o más años (algunos incluso con convenios de acreditad antigüedad y sucesivas adendas) tanto para prácticas formativas en centros militares (personal laboral gratuito y bien formado), como para reserva de plazas académicas y docentes a militares, o para realizar actividades de propaganda tipo jornadas, conferencias, publicaciones, exposiciones y demás fanfarria.

Y qué no decir de nuestras Comunidades autónomas, todas ellas implicadas en el apoyo por medio de convenios con el militarismo patrio (cuando no con subvenciones y otras prebendas que en otro artículo abordaremos), sin olvidar nuestros buques insignia del IBEX, las industrias militares de diverso pelaje, fundaciones variopintas, asociaciones sin ánimo de lucro, entidades mercantiles y cuanto bicho viviente se mueve y colea.

¿Es un claro ejemplo de la penetración del militarismo en todos los espacios sociales o me lo parece a mí?

Pero vayamos a los datos de estos ocho meses de pasados en 2022.

Por de pronto, de los 112 convenios firmados hasta la fecha, 42 lo han sido con universidades, en algunos casos para reserva de plazas a militares, en otros para prácticas en centros de defensa y en la mayoría para actividades culturales de cualquier tipo, sin excluir los tres acuerdos con tres universitarios para mantener cátedras militares en su seno.

Le siguen los convenios con comunidades autónomas, en concreto 26 convenios, destacando 7 con la Comunidad de Aragón, 4 con Madrid, 3 con Galicia, otros 3 con Andalucía, 2 con Castilla La Mancha, y un convenio con cada una de las comunidades de Cantabria, Castilla León, Cataluña, Islas Baleares, Junta de Extremadura, Murcia y Principado de Asturias.

Los organismos autónomos militares también han logrado diversos acuerdos favorables. En concreto, el ISFAS ha celebrado 6 con comunidades autónomas (contados anteriormente) y otros 4 con el INSS, IGAE, Instituto Madrileño de Salud y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Por su parte el INTA ha firmado un convenio suculento con el CDTI para obtener ingresos de i+D por este medio, otro con el aeroclub de Lugo para usar sus instalaciones, otro con la Universidad de Valladolid para desarrollar la explotación de una patente de plásticos de INTA, otro con la Universidad autónoma de Madrid para que militares adscritos a INTA puedan realizar cursos de postgrado, otro con la Junta de Andalucía para crear un centro de investigación para INTA (estos tres ya contabilizados en los respectivos apartados de universidades y de comunidades autónomas) y otro con Deutsche Zentrum Für Luft-und Raunfahrt ev para realizar un espectrómetro de Raman.

Con otros departamentos oficiales o empresa públicas se han suscrito otros 11 convenios más, y el resto con fundaciones y empresas de todo tipo de pelaje.
En total, el cuadro de convenios por organismos queda de la siguiente manera:

La mayoría de los convenios predican que no conllevan contraprestación económica, pero se trata de una afirmación engañosa, pues lo que sí conllevan es gasto y, sobre todo, un coste, muchas veces social, que nadie ha calculado.

Pongamos por ejemplo los convenios universitarios para la realización de prácticas en centros militares. En principio la universidad tiene un coste, que no repercute directamente en la contraprestación del convenio, de gestión y de asunción de seguros y responsabilidades tanto laborales como por daños, que va a ser asumido por la universidad. También por parte de los centros militares existe un coste de mantenimiento que no se aplica al convenio, porque se supone que ya viene pagado por otra partida presupuestaria del ministerio. A su vez las prácticas suponen un personal cualificado que durante el desarrollo de las mismas trabajará gratis para el ejército, lo que suponen un coste social. Pongamos por ejemplo dos convenios en los que los alumnos en prácticas son «comunicadores» y se destinan a los departamentos de comunicación de, en un caso, el Gabinete del jefe del estado Mayor del Ejército de tierra (Resolución 420/38133/2022 de la Secretaría General Técnica MD, publicando el convenio de 30 de marzo de 2022 celebrado entre Defensa y la Universidad rey Juan Carlos) o en el departamento de comunicación del Ministerio de Defensa (Reso. 420/38023 de la Secretaría General Técnica del Ministerio de defensa celebrado entre el Ministerio de Defensa y la Universidad San Pablo).

Igual ocurre cuando se reservan plazas para militares por el hecho de serlo, para realización de cursos académicos de máster o doctorado, o cuando se homologan estudios militares a competencias civiles, o cuando no hay compromiso económico, pero se dice que determinada comunidad autónoma, o el Ministerio de educación, asume el coste del profesorado, y así un largo etcétera.

Llama la atención en este año el énfasis de determinados convenios tanto con entidades privadas y públicas (entre ellas un ayuntamiento, varias universidades y varias comunidades) e incluso con un particular, por realizar acuerdos de cubrición de équidos, donde los militares ponen los sementales (a excepción del caso del particular, que presta a su campeón para diseminar su semilla en las yeguas de la cabaña de cría caballar del ejército). No hemos oído a la ministra, en su retahíla de ejemplos de lo que hace por nosotros el ejército, aludir a esta especial contribución a la mejora de la raza caballar, pero todo se andará.

También se destaca el empeño del Ministerio en el desarrollo de convenios que persiguen el fin de colocar militares de baja cualificación, o en la reserva activa, que sobran y van a llegar a los 45 años, en el mercado laboral civil, mediante acuerdos de desarrollo de cursos de FP y prácticas vinculados al SAPROMIL, el programa de reciclaje de militares y su reinserción social.

Y no podemos dejar de atender al empeño de los convenios con universidades y centros civiles para el desarrollo de actividades de pura propaganda y difusión del militarismo, con la retahíla de la cultura de la defensa. Una contribución desde la Universidad que se nos antoja especialmente cuestionable.
En todo caso, la expansión de lo militar y de sus intereses a todas las esferas sociales no hace más que crecer con la colaboración acrítica de instituciones de todo pelaje y la pasividad inconsciente de una sociedad demasiado dormida y desprevenida.

Acompañamos, para los mas interesados, como anexo, una tabla que contiene el listado completo de convenios firmados por el Ministerio de defensa hasta el 30 de agosto, con sus principales características. Se puede obtener pinchando aquí.