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Llamamiento urgente de organizaciones de Derechos Humanos de Turquía a la Comunidad Internacional

Sección:Turquía
Lunes 11 de enero de 2016 0 comentario(s) 726 visita(s)

Con la interrupción de las conversaciones de paz, el gobierno de Turquía comenzó, a mediados de agosto, a poner en práctica una política de seguridad que restringe ilegítimamente los derechos y libertades fundamentales en ciudades y pueblos principalmente habitados por kurdos.

Desde agosto de 2015, toques de queda consecutivos y de larga duración han sido declarados en las provincias y ciudades de Sirnak, Mardin, Diyarbakir, Hakkari y Muş, y todavía continúan en algunas ciudades y pueblos. Durante estas prohibiciones, a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a las organizaciones de derechos humanos y los colegios profesionales, así como a los representantes del Parlamento que han querido identificar violaciónes de derechos humanos se les ha negado el acceso a estas ciudades y pueblos. De acuerdo con las conclusiones de los informes elaborados por el pequeño número de organizaciones de la sociedad civil que han podido acceder a la zona pese a las enormes dificultades existentes, se ha determinado que la población civil se ha convertido en el blanco de los francotiradores y también ha sido atacada con armamento pesado, que se ha utilizado de manera arbitraria.

De acuerdo con los informes elaborados por organizaciones de derechos humanos, 1,3 millones de personas se han visto afectadas por los toques de queda; más de 120 civiles —incluyendo niños/as y ancianos/as— han perdido la vida. [1] Muchas personas han sido heridas y cientos de miles de personas han sido desplazadas. Se han producido detenciones arbitrarias y los civiles están siendo sometidos a tortura y malos tratos en los centros de detención y en plena calle. Intrusiones en las redes de telecomunicaciones están restringiendo el derecho a la información y libertad de comunicación. Un decreto oficial ha expulsado a los maestros de la región, por lo que la educación ha quedado interrumpida sin fecha límite, y los servicios de salud también han sido suspendidos. No hay muestras en ningún sentido de que se esté observando la diligencia debida para la proteger a los civiles y ni siquiera se les brinda la oportunidad de satisfacer sus necesidades mínimas diarias tales como el derecho a la alimentación y el agua. Después de los toques de queda, no se han realizado investigaciones inmediatas y eficaces sobre lo ocurrido. El procesamiento y la ulterior condena de aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que están violando los derechos humanos está siendo imposibilitado. La política de la impunidad se expande y continúa, haciéndose cada vez más grave.

Aunque los toques de queda se han declarado de acuerdo con el artículo 11/C de la Ley de Administraciones Provinciales, con la justificación de «aprehender a los miembros de una organización terrorista» y «para garantizar la seguridad física de las personas y sus propiedades», la mayoría de los juristas se muestran de acuerdo en que la citada ley no autoriza a ningún funcionario público de alto nivel a declarar tal prohibición, ya que afectaría a los derechos y libertades de toda la población residente en una ciudad o un pueblo. De conformidad con el artículo 13 de la Constitución turca, tal restricción sólo puede ser introducida mediante «Ley». Por tanto, los toques de queda declarados mediante orden gubernativa violan la Constitución. El hecho de que los toques de queda y las sanciones impuestas durante los mismos no estén sujetas a la ley, significa que las operaciones de seguridad llevadas a cabo durante estos periodos y las violaciones de derechos cometidas no están sujetas a ningún tipo de supervisión legal.

Salvo en tiempos de guerra, las fuerzas de seguridad no están autorizadas a utilizar armamento y munición pesada contra zonas habitadas donde no se haya declarado el estado de emergencia o la ley marcial, sin haber garantizado previamente la evacuación de la población civil, en clara violación del principio de absoluta necesidad. Durante la planificación y ejecución de operaciones supuestamente destinadas a proteger la vida de la población civil frente a la violencia ilegal, es inaceptable el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza, al no ser compatible con el deber de cuidado que se espera por parte del Estado en una sociedad democrática. La fuerza letal utilizada por el gobierno de Turquía en las provincias y distritos mencionados supone una grave violación del principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza que debe garantizarse en una sociedad democrática.

Este ambiente conflictivo ha convertido en objetivos de la violencia del Estado a personas defensoras de los derechos humanos, siendo en algunos casos víctimas de asesinatos políticos. El Presidente de la Asociación de Abogados de Diyarbakir y defensor de los derechos humanos, Tahir Elçi, fue asesinado mientras estaba entregando un comunicado de prensa en el que hacía un alegato para poner fin a las operaciones de seguridad y reanudar las negociaciones de paz.

¡La situación es grave y nuestro llamamiento es urgente!

Como organizaciones de la sociedad civil exigimos a la comunidad internacional recordar al Gobierno de la República de Turquía que:

- Los toques de queda declarados en ausencia de todo fundamento jurídico son inaceptables,

- La fuerza letal no puede ser utilizada de manera desproporcionada y arbitraria,

- Durante las operaciones de seguridad, las obligaciones derivadas del Derecho internacional sobre derechos humanos, el derecho penal internacional, así como el derecho humanitario no pueden ser suspendidas,

- Las organizaciones de derechos humanos, los colegios profesionales, los representantes del gobierno local y del Parlamento, que están luchando para poner fin, identificar y sancionar las violaciones de derechos y para comunicar este proceso con total transparencia a la comunidad internacional deben ser apoyadas,

- Hacemos un llamamiento para se produzca un cese del fuego bilateral, para que cese el conflicto y se reanuden las negociaciones de paz, de manera oficial y transparente con la presencia de observadores independientes.

Organizaciones signatarias de la Coalición contra la Impunidad:

Asociación de Abogados de Diyarbakir, Asamblea de Ciudadanos de Helsinki - Turquía, Asociación para una Agenda de Derechos Humanos, Asociación de Derechos Humanos, Fundación de Derechos Humanos de Turquía, Colegio de Abogados de Şırnak, Centro para la Verdad, la Justicia y la Memoria y Colegio de Abogados de Batman.


[1] Las cifras actualizadas sobre violaciones del derecho a la vida como resultado de toque de queda, de acuerdo a diferentes fuentes, son las siguientes: de acuerdo con las cifras del Centro de Documentación la Fundación de Derechos Humanos de Turquía, a fecha de 6 de enero de 2016, al menos 151 civiles han perdido la vida durante los toques de queda declarados en 17 ciudades de 7 distritos. De acuerdo con la Unidad de Documentación de la Asociación de Derechos Humanos, desde el inicio del conflicto armado el 24 de julio 2015 hasta el 6 de enero de 2016, 134 civiles residentes en ciudades bajo toque de queda han perdido la vida. 12 personas han perdido la vida en el año 2016, durante los toques de queda en las ciudades de Sur, Cizre y Silopi. El Centro de Información del Partido Democrático del Pueblo, que también monitorea diariamente las violaciones del derecho a la vida, ha contabilizado que el número de personas que han perdido la vida a fecha 6 de enero de 2016, y asciende a 152.

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