Tras la catástrofe del Prestige, el gobierno español comprometió fondos (822,99 millones de euros) para una fragata de guerra, la F-105, 66 veces más cara que el más caro de los barcos anticontaminación, el Urania Mella, (cuyo coste comercial rondaba los 12 millones y medio ) que los distintos gobiernos españoles planificaron adquirir tras aquella catástrofe, pero que nunca llegó a ser propiedad del reino de España. Se da la paradoja, además, que el astillero que lo produjo mediante un contrato de servicios con opción de compra (y que lo ha recuperado recientemente al negarse el estado a su adquisición final) ha decidido cederlo , tras cambiarlo de nombre, mediante otro contrato, a una petrolera para usarlo también como gasolinera flotante en el litoral gallego.
Como consecuencia, los medios dependientes directamente del estado español para una dedicación exclusiva en una hipotética nueva «guerra» contra el chapapote han disminuido, pasando a disponer a mediados de este año de cuatro barcos capaces de absorber tan sólo 150 metros cúbicos de fuel cada uno, frente a un buque como el Urania Mella capaz de aspirar 3.100 metros cúbicos de fuel de la superficie del mar [1]
. El Prestige vertió frente a la costa gallega 63.000 tm.
Otras 10.000 tm de crudo permanecen aún hoy en el interior del buque partido y hundido, que desde hace más de tres años ya no es siquiera revisado, más que indirectamente, y sólo se vigilan posibles fugas vía satélite.
Ahora que, tras los años de la «otra burbuja», la militar, que supone unos 29.495 millones de euros hasta 2030 de deuda acumulada, la gente de Galicia clama por encontrar carga de trabajo para los astilleros Navantia a la vez que rechaza la sentencia del caso Prestige, se deben sacar las oportunas conclusiones de cara al futuro sobre el hecho de que, de haber invertido en anti-contaminación naval (es decir, en el ámbito civil), el panorama actual durante un vertido sería radicalmente distinto [2].
En todo caso, se necesita ahora un cambio radical que introduzca una imprescindible utilidad social en la industria que el estado ha sostenido en el pasado por vía presupuestaria con perniciosos objetivos bélicos.
Se hace necesaria, por tanto, una auditoría ciudadana de la deuda, y negarnos a terminar de pagar semejantes despropósitos militares, para que la sociedad civil pueda decidir qué le resulta necesario impulsar con esos recursos liberados de la voracidad capitalista, que tan claramente guía al denominado complejo militar-industrial.
Por todo ello no se entiende nada bien bien la falta de iniciativa de algunas organizaciones sindicales que obvian presionar a las autoridades gubernamentales en pro de una producción civil de los astilleros que abandone el cómodo hábito de aceptar acríticamente los planes que se urden en la Moncloa por los distintos ministros de defensa.
Actualización 2014:
Mayo de 2014, el PP insiste: 400 millones más para buques de guerra, 0 en anticontaminación
En el primer contrato naval anunciado para las factorías andaluza y gallega en cinco años se ha vuelto a optar cabezonamente por la maquinaria de guerra. Tal vez algunos sindicatos, como decíamos sólo unas pocas líneas arriba hace escasos meses, también tengan esta vez que dar explicaciones por su responsabilidad en esta sangrante situación.
Actualización 2017
¿Más incentivos económicos, ahora para los submarinos de Navantia?
Del blog del colectivo «Utopía Contagiosa», reproducimos:
"Los submarinos que Navantia debe construir para la Armada española son, por decirlo así, como el tejido de Penélope, que por más que el tiempo pasa, siempre vuelve al mismo sitio, sin avances. El asunto parece el cuento de nunca acabar.../...El almirante de acción marítima, De la Puente Mora-Figueroa de apellido, ha declarado que los primeros prototipos se entregarán en 2021 al haberse cerrado definitivamente su diseño en 2016 (con varios años de retraso y muchos millones de sobreprecio, se le olvidó decir), y que para ello
“ ya solo faltan los incentivos económicos para seguir avanzando en la construcción”
http://www.utopiacontagiosa.org/201...
[1] El peso correspondiente al máximo de volumen que puede ser almacenado en el interior de un buque anticontaminación dependerá de la substancia recogida del mar. Si se trata de petróleo crudo, el peso específico determina su clasificación: mayor de 1.000 kilogramos (1 tm.) por metro cúbico es considerado extrapesado; sin embargo el rango aceptable recomendado para el petróleo crudo pesado es de 920 a 1.000 kilogramos por metro cúbico. Esas densidades se relacionan también, lógicamente, con la flotabilidad del vertido en el agua salada.
[2] El Sistema Portuario español de titularidad estatal está integrado por 46 puertos de interés general, gestionados por 28 Autoridades Portuarias, cuya coordinación y control de eficiencia corresponde al Organismo Público Puertos del Estado: http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto...