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El movimiento de insumisión al servicio militar en España: en legítima desobediencia

El Fusil Roto, No 96, Mayo 2013

Sección:Historia del antimilitarismo
Miércoles 12 de junio de 2013 0 comentario(s) 1872 visita(s)

Carlos Pérez Barranco

En diciembre de 2001 abandonaron los cuarteles militares españoles los últimos reclutas, tras cumplir los últimos nueve meses de existencia del servicio militar obligatorio. A diferencia de otros estados europeos, en los que la desaparición del reclutamiento forzoso había sido una decisión motivada casi exclusivamente por una evolución de las funciones de los ejércitos hacia el intervencionismo global, en España, el sistema de reclutamiento forzoso había colapsado estrepitosamente, a pesar de los esfuerzos gubernamentales durante años. En el caso español, el final del servicio militar fue una conquista social.

A pesar de que las élites políticas y militaristas intentaron envolver el fin de la conscripción en el discurso de la “modernización” de los ejércitos, los hechos indican más bien que el factor clave que provocó el desmoronamiento del servicio militar fue la acción continuada durante tres décadas de un amplio movimiento social de ámbito estatal que tuvo en la desobediencia civil contra la conscripción una de sus señas de identidad fundamentales. En 2001 y la década precedente el servicio militar obligatorio estaba totalmente desprestigiado socialmente y la mayoría de la sociedad española lo veía como una institución inútil y perjudicial, algo imposible de imaginar en los años 70, cuando se empezaban a multiplicar los casos de desobediencia pública al reclutamiento por motivos pacifistas y antimilitaristas y comenzaba a articularse este movimiento. También difícil de imaginar entonces que ya en la segunda mitad de los años 90 el número de solicitudes para realizar la prestación sustitutoria del servicio militar excedía con creces el número de reclutas, alcanzando la cifra de un millón de solicitudes acumuladas, imposible de absorber por el sistema de prestación sustitutoria, y los desobedientes tanto al servicio militar como al sustitutorio, los “insumisos”, se contaban por miles.

Primeros pasos: de los Testigos de Jehová a los objetores antimilitaristas

Durante la dictadura militar del general Franco, muchos miembros de los Testigos de Jehová se habían negado a cumplir el servicio militar únicamente por coherencia con sus creencias religiosas y sufrieron largas condenas de cárcel, pero sin considerar su negativa como una herramienta de cambio social. Esta forma de “objeción de conciencia”, que no cuestionaba ni ponía en peligro las estructuras militares (que entonces eran las estructuras del propio régimen) fue el modelo que se tomó para los repetidos intentos legislativos en los años posteriores de hacer compatible con el reclutamiento militar un fenómeno social que en los primeros años 70 ya tenía un claro carácter público, antimilitarista, consciente y autoorganizado. En los últimos años de vida del dictador y su régimen, los primeros desobedientes civiles al servicio militar ya organizaban campañas de apoyo, hacían pública su negativa a ser reclutados, convocaban a los medios de comunicación e interpelaban a la sociedad basándose en razones pacifistas y antimilitaristas para justificar su acción desobediencia. Los primeros grupos de objetores de conciencia se integraron y aportaron su trabajo en las comunidades de los barrios especialmente empobrecidos en vez de acudir el servicio militar, como forma de hacer fácilmente entendible su alternativa a la sociedad.

Reclamaban así, poniéndolo ellos mismos en práctica, una especie de servicio civil alternativo y autogestionado, fuera de los mecanismos estatales de la conscripción. Con el rechazo de estos objetores al primer intento de legislación sobre objeción de conciencia por motivos religiosos en 1977, se fundó el Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC), dando nombre a una red ya existente de grupos que fue el motor principal de la desobediencia en esos 30 años. Durante los 70 continuaron los encarcelamientos de objetores en prisiones militares, pero como se confirmó en años posteriores, esta represión no consiguió disolver el movimiento, sino muy al contrario, hacerlo crecer y aumentar su incidencia pública.

De los objetores a los insumisos

En 1980, el ministro de Defensa emitió una orden interna que paró los encarcelamientos momentáneamente. En espera de que se elaborase y entrara en vigor una ley que regulara la objeción de conciencia y pusiera en marcha una prestación sustitutoria del servicio militar, los objetores de conciencia pasarían a la “reserva” directamente. En la práctica esto supuso una amnistía encubierta, una tregua que el movimiento aprovechó para fortalecerse y preparar nuevas estrategias de desobediencia civil a esta nueva ley. Esta nueva ley de objeción de conciencia diseñada para domesticar la desobediencia a la conscripción, y mantenerla en cifras minoritarias, poniendo a salvo el reclutamiento militar, llegó en 1986 después de una larga y problemática elaboración (incluyendo hasta un recurso de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional por parte del Defensor del Pueblo), y la puesta en práctica de la prestación sustitutoria no se produjo hasta 1989. Para entonces, el movimiento de desobediencia civil tenía todavía menos que ver con un “sindicato de objetores” que en los 70, se había renovado y evolucionado, había radicalizado y profundizado su discurso antimilitarista. La desobediencia civil y la noviolencia eran ahora herramientas no sólo para acabar con el servicio militar, sino también para forzar la desaparición del ejército y el sistema militarista, y transformar radicalmente la sociedad haciendo frente al militarismo en sus diferentes manifestaciones sociales. El MOC en primer lugar y después otras redes como la Coordinadora “Mili-KK”, anunciaron que desobedecerían también la prestación sustitutoria del servicio militar que implantó la Ley de Objeción de Conciencia, y así el 20 de febrero de 1989 los primeros 50 “insumisos” se presentaron públicamente ante las puertas de los Gobiernos Militares de diferentes ciudades españolas, dando lugar a una nueva fase de la desobediencia civil conocida como “insumisión”.

El “efecto boomerang” de la represión

La insumisión empezó siendo una campaña desarrollada por estas redes y seguida por centenares de desobedientes, pero con el paso de los años, el intenso debate social que causó, el apoyo de cada vez más amplios y variados sectores sociales y el “efecto boomerang” de la represión carcelaria contra los insumisos (las condenas eran de 2 años 4 meses y 1 día de cárcel), hicieron que las cifras no pararan de subir durante los primeros años 90. El movimiento pudo resistir el encarcelamiento gracias a la generación de una amplia red de grupos de apoyo a los insumisos y la preparación de los desobedientes mediante “entrenamientos”, previos a la experiencia carcelaria. También tuvo un papel muy importante en la amortiguación de la represión contra los insumisos y en crear lazos de apoyo y solidaridad la táctica de las “autoinculpaciones”. Por cada insumiso que era juzgado, cuatro personas firmaban y presentaban al mismo juzgado declaraciones denunciándose por haber inducido y dado apoyo al insumiso en su desobediencia, por lo que según las leyes españolas debían ser juzgados y recibir una condena equivalente a la del insumiso. A pesar de ello, ninguna persona autoinculpada fue procesada.

Ante la evidencia de que la cárcel estaba favoreciendo la extensión y la incidencia y estaba aumentando la solidaridad de la sociedad con los insumisos presos, el entonces Gobierno del partido socialista decidió, primero conceder automáticamente el régimen abierto penitenciario a los insumisos presos (hecho que fue contestado por una parte del movimiento con más desobediencia, negándose a volver a prisión y obligando a las autoridades penitenciarias a ponerlos de nuevo en régimen ordinario), y después a sustituir las penas de cárcel por la de “inhabilitación” o “muerte civil” en 1995. A partir de entonces la insumisión se extendió tanto que se hizo “normal”, y la mayoría de los varios miles de jóvenes que se negaron a ser reclutados ya lo hacían por su cuenta, sin coordinarse con el movimiento.

El sistema colapsa

Al mismo tiempo, comparada con la insumisión, la prestación sustitutoria era vista por cada vez más jóvenes como algo “fácil” y nada “radical”. Cientos de miles solicitaron realizar la prestación en lugar del servicio militar y llegaron a colapsar el sistema, porque estaba pensado para que la prestación fuera una opción minoritaria y nunca hubo plazas suficientes. Además, el movimiento consiguió que muchas ONG y asociaciones se negaran a colaborar ofreciendo plazas, lo que fue en la práctica un verdadero boicot a la puesta en práctica de la prestación sustitutoria que acabó por asfixiarla. La mayoría de los jóvenes que optaban por la prestación, al final no la realizaban por falta de plazas, lo cual causó el colapso de todo el sistema de reclutamiento civil y militar. Así en 1996, el gobierno anunciaba el final del servicio militar para 2003 (luego fue adelantado a 2001) y la puesta en marcha de un ejército formado totalmente por soldados profesionales, lo cual aceleró aún más el proceso de descomposición, pero también causó la disolución de buena parte de ese movimiento de desobediencia contra el servicio militar obligatorio, que sintió que su objetivo principal había sido logrado.

“Insumisión en los cuarteles” y final del servicio militar

A pesar de ello, el movimiento organizó y puso en práctica nuevas formas de desobediencia al reclutamiento, como la llamada “insumisión en los cuarteles”, en la que participó activamente el autor de estas líneas desde 1997. Varias decenas de antimilitaristas del MOC seguimos esta vía, declarándonos insumisos después de incorporarnos a filas. De esta manera el movimiento quería agudizar la crisis del reclutamiento, volver a situar el debate en el marco del Ejército y sus recientes transformaciones hacia el intervencionismo global, interfiriendo a la vez en las campañas públicas de reclutamiento profesional. La “insumisión en los cuarteles” fue una especie de campaña de transición hacia un nuevo escenario sin servicio militar y sin insumisión para el movimiento antimilitarista. Esta campaña se desarrolló al mismo tiempo que el MOC se sumergió en un proceso de debate para definir las líneas de acción que seguiría unos años después, y que estarían centradas en la crítica del gasto y la industria militares, el contrarreclutamiento y las campañas por el cierre de las instalaciones militares, entre otros temas.

En cualquier caso el movimiento de objeción de conciencia primero, y posteriormente el amplio y variado movimiento de insumisión, han sido un ejemplo singular de movimiento de desobediencia civil, por su gran extensión, impacto social y logros. Aunque entre las causas de su éxito también hay que contar la mala imagen social de la institución militar por haber sido soporte de la dictadura franquista, y una cierta cultura antirrepresiva extendida en la sociedad española, la insumisión demostró el inmenso poder de transformación social de la desobediencia civil. Esta trayectoria se ha intentado plasmar en un libro editado en 2001, “En legítima desobediencia”, elaborado desde el MOC con textos procedentes de personas y grupos que participaron en el movimiento de desobediencia en sus diferentes fases. Con una clara intención: proporcionar inspiración y experiencia a las luchas desobedientes de los años venideros, luchas que parece que ya están aquí en nuevas y sorprendentes formas.

Publicado en El Fusil Roto No 96

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