El «zapatazo» del Gobierno no toca el gasto militar

AA-MOC / Diagonal Aragón

Las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, incluidas en el plan de iniciativas para situar el déficit en el 3% en 2013 mantienen intocable el gasto militar español, mientras rebajan de forma drástica el gasto público. El necesario debate público sobre cuáles deben ser las necesidades sociales a proteger ante la crisis está servido.

Mambrú/Alternativa Antimilitarista.MOC
Sábado 15 de mayo de 2010. Diagonal Aragón

A pesar del reducido gasto público español en comparación con otros países de la Unión Europea, el plan de recorte anunciado por el Gobierno de Zapatero reducirá la inversión pública, disminuirá el sueldo de los funcionarios una media del 5%, congelará las pensiones el próximo ejercicio, recortará el gasto de las administraciones públicas y locales, la ayuda al desarrollo, el gasto farmacéutico y las prestaciones por nacimiento. Medidas que conllevan un grave coste social y sin embargo han sido aplaudidas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo.

Sin embargo, el Gobierno no plantea recortar el déficit público de otros sectores cuya reducción no implica un perjuicio directo para la población ni conlleva desatender necesidades sociales como es el caso del gasto militar.

Frente a los 15.000 millones de euros que se obtendrán de los planes de ahorro, el gasto militar presupuestado para 2010 es de 18.000 millones, según el informe del Centre Delàs de Justicia y Pau, un 9% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Otros métodos de contabilizar el gasto militar, como el de AA-MOC, incluyen los gastos de control social a esta cantidad, ascendiendo a un total de 23.000 millones y un 12% de los PGE. Además hay que tener en cuenta que cada año el gasto militar real es entre un 15 y un 20% mayor de lo presupuestado, por lo que presumiblemente el gasto a final de año podría ascender a cantidades alrededor de 21.000 y 27.000 millones de euros.

Otro gasto público importante que no ha sido objeto de debate es el despliegue español en Afganistán, que desde 2002 ha costado más de 1.500 millones de euros, la misma cantidad que se ahorrará congelando las pensiones.

España y Grecia: crisis, recortes y gasto militar encubierto

Además de las dificultades a la hora de pagar la deuda pública y las medidas de recorte para paliar la crisis, existe otra similitud entre las situaciones de Grecia y España: el encubrimiento del gasto militar. Grecia, uno de los países más militarizados de la Unión Europea, desde la entrada en funcionamiento del euro no ha contabilizado en sus presupuestos anuales gastos de carácter militar. Dentro de una estrategia de maquillar sus cuentas públicas para no encender las alarmas de Bruselas, Grecia no ha contabilizado durante años gastos en equipamiento militar (además de sobreestimar ingresos procedentes de impuestos, ocultar gastos sanitarios y contabilizar subvenciones europeas e empresas privadas como ingresos públicos).

Por su parte el gobierno español, según denuncia Justicia i Pau, ha estado llevando a cabo algo similar de una forma menos evidente. Desde 1997, el Ministerio de Industria ha concedido créditos para Investigación y Desarrollo a empresas militares. El valor de los préstamos otorgados hasta la actualidad suma 14.000 millones de euros, de los cuales no se ha devuelto ni un 1%. De este modo, el Gobierno ha ido concediendo ayudas encubiertas a la industria armamentística que, debido a la baja rentabilidad del sector, no es capaz de devolver. Y, en vez de contabilizar estos créditos como pérdidas, se ha preferido mantenerlos como activos en las cuentas públicas, falseando el déficit real que suponen estas inversiones en investigación militar.

Curiosamente, la dinámica de “hay que apretarse el cinturón” parece justificar cualquier medida de recorte pero no fomenta un debate de cuáles son las prioridades a la hora de gastar el dinero público. Debate especialmente interesante teniendo en cuenta que las cifras de gasto militar son de magnitudes similares, aunque superiores, al objetivo de las medidas de ahorro del Gobierno.