España ratifica la convención contra las bombas de racimo pero no existe control que evite su ensamblaje ilegal en Zaragoza

Insumissia

A día de hoy, cuando España acaba de ratificar hace pocas horas en la sede de Naciones Unidas la Convención sobre Municiones de Racimo, no existen garantías suficientes , sin embargo, de que la industria de armamento española haya cesado el montaje de estos criminales dispositivos más conocidos por «bombas de racimo» cuyo «empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación y transferencia» están supuestamente prohibidos por el gobierno español desde junio de 2008.

La continuidad de esa actividad, ilegal por tanto en España, parece desprenderse de los comentarios que los propios trabajadores de la empresa Instalaza, ubicada en Zaragoza, o alguien con relación con ella podría haber dejado recientemente a la noticia publicada en insumissia en enero de este año acerca del hecho de que la citada empresa mantenía en oferta en su página web la munición de mortero MAT-120, prohibida por el Gobierno en aplicación del tratado internacional firmado en Oslo por un centenar de países aprincipios de año.

Los comentarios continuaban en días siguientes dando cuenta del nerviosismo de los responsables de Instalaza ante la posibilidad de que esa denuncia en nuestro sitio provocase una inspección de la guardia civil o de alguien del propio Misterio de Defensa (que , curiosamente, no habría llegado a producirse) dando al traste con esta actividad, en la que algunos trabajadores serían forzados a implicarse bajo amenaza de despido (o al menos eso afirman quienes han subido los citados comentarios: como quiera que quien trabaja en una fábrica de armamentos ya sabe perfectamente dónde se ha metido, si lo que alguien pretende es calmar su conciencia, más allá de denuncias sobre actividades ilegales, sería de esperar una implicación decidida y colectiva en la búsqueda de una saludable conversión de la actividad de esa empresa impresentable...)

Precisamente en octubre del año pasado la prensa especializada se había hecho eco de informaciones que aseguraban que la empresa Instalaza, que ha fabricado en los últimos años en España productos catalogados como bombas de racimo, atravesaba serias dificultades financieras e incluso una «quiebra técnica» derivada, entre otras razones, de la citada prohibición. La empresa habría «invertido una gran cantidad de dinero en el desarrollo de lo que consideraba uno de sus productos con más futuro, la granada para morteros de 120 mm MAT-120».

La implicación del Misterio de Defensa en un intento de resolver la situación financiera de la empresa, que no dió resultado, parece dar pábulo ahora a quienes creen que el gobierno español estaría «mirando para otro lado» con las «irregulares» actividades internas de la fábrica, mientras esta «supera el bache» provocado por la decisión política del gabinete socialista.

El hecho de que la fábrica pudiese estar montando aún el modelo MAT-120 implicaría sin embargo, necesariamente, la existencia también de un mecanismo, igualmente irregular, pero oportunamente concebido, para dar salida desde España a ese «stock» de armamento, ahora «obsoleto» por ilegal.

¿Tampoco ahora las autoridades españolas sabrán detectar esos movimientos?