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España ya es el octavo país del mundo en venta de armas a países en conflicto

España ya es el octavo país del mundo en venta de armas a países en conflicto

España vendió hasta 2007 armamento a países en conflicto o que destinan más recursos al gasto militar que al desarrollo humano, incumpliendo la
ley aprobada a finales del mismo año. Lo cuenta un informe de Justícia i
Pau.

http://www.canalsolidario.org/web/noticias/noticia/?id_noticia=10444

Repórter do futuro Redacción (06/10/2008)

Tras diez años de presión, en diciembre del año pasado el Senado aprobó
definitivamente la Ley de Comercio de Armas. Según la campaña Armas Bajo
Control, fue "un avance importante para poner fin al enorme coste humano
que tienen las transferencias irresponsables de armas
", ya que,
advirtieron, "el comercio descontrolado de armas causa en el mundo una
muerte cada minuto
".

Pero la ONG catalana Justícia i Pau presentó el pasado día 3 su informe
sobre el comercio de armamento español entre 1997 y 2007, hecho junto al
Centro de Estudios por la Paz Josep Maria Delàs, con datos muy
negativos. España es ya el octavo país del mundo en venta de armamento a
países en conflicto o que destinan más recursos al gasto militar que al
desarrollo humano, como Colombia, Israel y Ghana.

"La tendencia continúa al alza desde del 2002 aunque no es exclusiva de
España, sino que se da a nivel mundial
", explicó la vicepresidenta de
Justícia i Pau, Tica Font, durante la presentación del informe,
elaborado a partir de los datos facilitados por el Ministerio de Defensa.

Hace tan sólo unos meses, Font presentó el informe de 1997 a 2006. Los
últimos datos recabados sobre la actividad en 2007 confirman el negativo
panorama que el Gobierno deberá tratar de invertir ahora que existe la
Ley de Comercio de Armas.

España es el responsable del 2,19% de las exportaciones mundiales de
material de defensa, aunque para la economía española sólo supone el
0,51%, por lo que "el Gobierno perfectamente podría decidir producirlo
pero no exportarlo
" sin afectar a la situación economía, señaló Font. A
su entender, si no se prescinde de las exportaciones "es más que por
razones económicas, por voluntades políticas
".

El año pasado, se ingresaron 933 millones de euros —un 10% más que el
año anterior y cinco veces más que en 1998— gracias a las
exportaciones, de las que el 35% se realizaron a países en conflicto o
en situaciones de tensión, que participan en guerras o que invierten más
en defensa que en políticas sociales.

Países vetados por la Ley de Exportación de Armas, que también prohíbe
— «con excepciones»— la venta a países sancionados por la ONU y la
Unión Europea, aquellos que no respeten los derechos humanos, que no
condenen el terrorismo ni los que tengan un nivel de bienestar «delicado».

Sin embargo, España vende armas a Turquía, Angola, Sri Lanka, Pakistán y
Kenia, entre otros, por lo que "el espíritu de la ley se está vulnerando
con las exportaciones a estos países
", señaló Font.

Las principales exportaciones realizadas entre 1998 y 2007 fueron
aeronaves (32%) y barcos (29%), mientras que el 11% correspondió a la
venta de combustibles y explosivos, como bombas incendiarias, torpedos,
mísiles o bombas de racimo, aunque las empresas españolas dejarán de
producir y comercializar estas últimas a finales de año, cuando España
suscriba el tratado de la ONU contra este tipo de armamento.

No obstante, el Ministerio sólo indica a que categoría pertenecen las
armas que se venden, sin especificar qué tipo de material militar es ni
quién es el productor ni el comprador. Justícia i Pau critica que las
exportaciones armamentísticas estén sometidas a la Ley de Secretos
Oficiales, que dificulta la información.

En la misma línea, la vicepresidenta de Justícia i Pau explicó que según
el Ministerio no se vende material militar a Ghana —situada en una
región conflictiva—, pero sí constan entre tres y cuatro millones de
euros en concepto de tales transacciones en los registros aduaneros.

Otra de las cuestiones que preocupan a Font es que España venda material
de defensa de hasta la categoría cuatro —que incluye ametralladoras y
misiles— a empresas privadas para uso privado. Si se confirman sus
sospechas significará que "España entra a participar en la privatización
de la guerra y el fomento de los ejércitos de mercenarios
".

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