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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México ha muerto

Sección:Observatorio de conflictos
Miércoles 2 de abril de 2008 0 comentario(s) 11697 visita(s)

Organizaciones del estado de Oaxaca, junto con distintos colectivos del D.F y una organización indígena de Puebla, bloquearon los accesos al edificio de la CNDH de México durante varias horas.

Parece que en la República de México las distintas modalidades para violar los Derechos Humanos de la ciudadanía es un hábito de la política del Estado y sus instituciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es la institución que, en teoría, defiende y promueve estos derechos. Pero en la práctica la CNDH se encarga de tapar y legitimizar la violencia ejercida por el Estado. Este es el comunicado de la acción donde las organizaciones denuncian la situación vivida en el estado de Oaxaca.

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A LA OPINION PÚBLICA

Los respectivos desgobiernos -calderonista, y ulisista en el estado de Oaxaca- se empeñan en mantener sus mecanismos de represión sistemática y de permanente violación a los derechos humanos y a las garantías constitucionales. Así lo demuestran los procesos de agresión indiscriminada contra la vida comunitaria de diferentes pueblos indígenas en Oaxaca y en muchas otras partes, situación que se sigue incrementando de manera preocupante. Además de las políticas de robo y de saqueo, también la violencia, se desprende de las arcas del poder, desde las cuales muchos funcionarios públicos, que obedecen a intereses políticos o económicos muy particulares, se relacionan con autoridades corruptas, caciques o personajes siniestros, en una lógica de corrupción que viene creciendo desde las instituciones y desde el interior de las estructuras de gobierno.

El Estado, en muchos casos, no trata de ver la solución de diferentes problemas, sino que, al contrario, es quien los genera y solo actúa con la violencia institucional para mantener un control, por ello existen cientos de presos políticos en el país, asesinatos impunes, persecución y hostigamiento para quienes no estén de acuerdo con dichas políticas. Se nos trata de engañar a través de los medios que se busca la institucionalidad, la justicia, el respeto al Estado de Derecho y la defensa de los derechos humanos, pero en la realidad, los órganos que están para impartir justicia, protegen a delincuentes como Ulises Ruiz, Mario Marín o Enrique Peña Nieto, el Estado reprime y encarcela a los luchadores sociales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es solo un aparato al servicio del poder político y del dinero, que trata de frenar los reclamos de justicia, que no conmina a ninguna autoridad a respetar la ley y que avala totalmente la violencia y los crímenes de Estado.

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Muestra de todo ello es que desde hace casi treinta años, los habitantes de la comunidad de San Pedro Yosotatú, perteneciente al municipio de Tlaxiaco, en la mixteca Oaxaqueña, vienen padeciendo toda una serie de abusos e injusticias, por parte de personajes de la misma comunidad, liderados por el cacique Andrés Castro García, financiados por instituciones de gobierno como la Secretaría de la Reforma Agraria y protegidos por las autoridades judiciales y por los desgobiernos federal y estatal.

Tan solo desde el año 2007 han sido asesinadas 9 personas, hechos que se relacionan a toda una serie de delitos perpetrados contra quienes defienden los intereses de la comunidad y se han opuesto a Andrés Castro. Esta situación ha sido utilizada por las autoridades judiciales y por los caciques, para amañar los procesos e inculpar a los mismos comuneros que, siendo los que viven bajo la amenaza constante de las agresiones, los asaltos y los asesinatos, también viven bajo la amenaza de ser detenidos y procesados por esos mismos delitos. Recientemente, el 24 de diciembre de 2007 fue asesinado el dirigente del ejido Placido Abraham López Castro y el 14 de enero de este año fue asesinado Joel García Castro, dirigentes ambos que habían emprendido la lucha en defensa de esta comunidad. Actualmente el clima que se vive en la comunidad es de constante zozobra y represión, sembrada por el mismo gobierno.

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Por otro lado, pero enmarcado en la misma situación, se encuentra el caso particular del Municipio Autónomo de San Juan Copala, donde la amenaza de represión esta latente, ya que el gobierno y algunas organizaciones priístas quieren hacerlos ver ante la opinión pública como los principales responsables de la desaparición de dos jóvenes indígenas triquis: Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, con esto solo intentan preparar el terreno para realizar detenciones de líderes comunitarios y la militarización de la zona, como lo demuestran las ordenes de aprehensión en contra de nuestros compañeros: José Ramírez Flores, actual Presidente del Municipio Autónomo y Timoteo Alejandro Ramírez, líder natural de nuestro pueblo y principal impulsor de la autonomía triqui, queriendo desaparecer con ello, uno de los esfuerzos de organización de los pueblos, en base a los principios comunitarios. Cabe aclarar que el Municipio Autónomo de San Juan Copala, se suma a la demanda de presentación con vida de las dos jóvenes triquis, como también a la demanda de presentación de Victorino Silva Hernández, que se investigue para dar con los responsables de estos hechos y exige el esclarecimiento y castigo a los culpables de los recientes asesinatos de Mario Marcelino Silva y de Modesto de Jesús Flores. Otra de las manifestaciones de represión estatal tiene que ver directamente con las detenciones arbitrarias y con el constante hostigamiento hacia organizaciones y luchadores sociales como es el caso de los compañeros presos políticos de Santiago Xanica: Abraham Ramírez Vázquez, Noel García Cruz y Juventino García Cruz, quienes por defender los usos y costumbres y los recursos naturales de su comunidad, fueron detenidos el 15 de enero del 2005, como primer acto represivo de de Ulises Ruiz. Actualmente la comunidad de Santiago Xanica sufre un estado de sitio por parte de la policía estatal y una represión selectiva en contra de quienes siguen defendiendo su comunidad, tal es el caso del expreso político, César Luís Díaz, quien continua bajo proceso jurídico y bajo la constante amenaza de detención, junto con él se encuentran los casos de 8 compañer@s con órdenes de aprehensión, sumándole a esto, el constante hostigamiento contra el compañero de las Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, Alejandro Cruz López, expreso y perseguido político del régimen de Ulises Ruiz.

También están los casos de los compañeros presos políticos del Comité de Defensa Ciudadana: Pedro Castillo Aragón, preso desde hace más de 5 años, acusado de delitos prefabricados por el gobierno, situación que jurídicamente reafirma su inocencia, así como los casos de Miguel Ángel García y Víctor Hugo Martínez Toledo, detenidos injustamente a raíz de la brutal represión contra el movimiento social, el 25 de noviembre del 2006 y el caso del compañero Catarino Torres Pereda, también perseguido político de la mafia ulisista.

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Por otro lado, las agresiones también se siguen incrementando contra la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, como lo demuestran los casos recientes, en los que se les han integrado 42 órdenes de aprehensión, más cien que ya tenían integradas con anticipación y la detención arbitraria del compañero Miguel Juan Hilaria. Todo esto se suma al clima de represión y de violencia oficial que ha prevalecido en Oaxaca y a los casos de los demás compañeros presos como los 12 indígenas de la región Loxicha, el caso de Isabel Almaraz Matías, de Gonzalo López Cortés, David Venegas Reyes, Adán Mejía López, Flavio Sosa Villavicencio, Jaciel Cruz Cruz y demás compañeros presos injustamente, no solo en Oaxaca, sino en todo el país. Ante toda esta situación nos pronunciamos en contra de los crímenes y agravios cometidos a la comunidad de San Pedro Yosotatu, por el cacique Andrés García Castro, bajo la protección de Ulises Ruiz; por la presentación inmediata de Daniela Ortiz Ramírez, Virginia Ortiz Ramírez y Victorino Silva Hernández; contra el hostigamiento hacia la comunidad de San Juan Copala, contra el hostigamiento a los compañeros de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, contra el hostigamiento a los compañeros Cesar Luís Díaz, Alejandro Cruz López y Catarino Torres Pereda, por la libertad inmediata e incondicional a nuestros compañeros Pedro Castillo Aragón, Abraham Ramírez Vásquez, Juventino García Cruz, Noel García Cruz, Miguel Ángel García, Víctor Hugo Martínez Toledo, Miguel Juan Hilaria, Miguel Ramírez Paz, Roberto Cárdenas Rosas y Reinaldo Martínez Álvarez y por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia que hay en todo el país y que luchan por sus ideas. En contra del terrorismo oficial de los gobiernos, en contra de la impunidad a los asesinados políticos, por la presentación inmediata de todos los luchadores sociales desaparecidos, contra las agresiones constantes hacia las comunidades en resistencia y por el llamado amplio a todos los sectores sociales a detener estas injusticias.

A T E N T A M E N T E

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 27 de Febrero del 2008 Autoridades municipales de San Pedro Yosotatu, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Colectivo Autónomo Magonista (CAMA), Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS), Alianza Magonista Zapatista (AMZ), Comité de Defensa Ciudadana (CODECI), Comité de Defensa de los Derechos Indígenas-Xanica (Codedi-Xanica), Unión de Organizaciones Indígenas de la Chinantla (UNORINCHI), Consejo de Organizaciones Indígenas y Productivas de Oaxaca AC (COIPAC), Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Frente de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra, Red de Radios Comunitarias Indígenas del Sureste, Grupo Solidario La Venta, Municipio Autónomo de San Juan Copala (MULTI).

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