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Servicio Militar en los EEUU: Cuestiones sobre Conciencia y Derechos Humanos

Internacional de Resistentes a la Guerra

Sección:EEUU
Lunes 15 de mayo de 2006 0 comentario(s) 3478 visita(s)

Introducción

Aunque actualmente los Estados Unidos no imponen el reclutamiento, sus prácticas actuales de reclutamiento para las Fuerzas Armadas y de mantenimiento del personal dentro de las mismas una vez reclutados ofrecen motivos de preocupación desde la perspectiva de los derechos humanos. El asunto tratado se centra en el reclutamiento por una parte y en las dificultades para abandonar el ejército una vez alistado por la otra. Quedará claramente demostrado que el llamado "ejército voluntario" no carece de problemas de derechos humanos.

Este informe es un informe preliminar, recopilado por la Internacional de Resistentes a la Guerra, para resaltar algunos de los problemas de derechos humanos asociados con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Este informe dista de estar completo, y también se hace referencia al informe enviado por Conscience and Peace Tax International (CPTI), especialmente en lo referente a la inscripción en el US Selective Service System.
Este informe señala problemas de derechos humanos relacionados con:

• la práctica de reclutamiento de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

• el derecho de objeción de conciencia.

• restricciones al derecho a dejar las Fuerzas Armadas.

La situación de los derechos humanos dentro de las Fuerzas armadas o las violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas quedan fuera del ámbito de este documento.

Principales preocupaciones

• El procedimiento del reconocimiento de objetores de conciencia en el actual ejército voultario está únicamente en manos del ejército y por tanto no es independiente e imparcial, como exige la Resolución 1998/77 de la Comisión de Derechos Humanos;

• En la práctica, los objetores de conciendia a quienes se deniega el derecho a la objeción de conciencia y que rechazan la orden de movilizarse son sentenciados a penas de prisión;

• La denegación de ayudas educativas y otras formas de discriminación contra aquellos que no se inscriben para un posible alistamiento según la ley Military Selective Service Act es una violación del derecho a la educación y también equivale a un castigo sin juicio;

• El ejército tiene acceso a datos privados de los alumnos de instituto con fines de reclutamiento, lo que supone una violación del derecho a la intimidad;

• Los activistas anti-reclutamiento sufren la intimidación y el arresto por parte de la policía, el ejército y autoridades universitarias, lo que equivale a una violación del derecho de libre expresión y libertad de reunión;

• Las órdenes "stop loss"[1] del ejército para prorrogar la duración de los contratos militares laborales sin el consentimiento de los soldados afectados son una violación de la Convención sobre Trabajo Forzoso.
Servicio Militar en los Estados Unidos de América
La Consititución de los Estados Unidos de América no trata el reclutamiento militar. El servicio militar obligatorio se establece en la Militay Selective Service Act, que exige a todos los varones entre 18 y 26 años de edad su inscripción para el servicio militar obligatorio (50 App. U.S.C., par. 453). El Congreso de los EE. UU. tiene el derecho de establecer el servicio militar obligatorio a los inscritos si creen que la seguridad nacional necesita fuerzas mayores que las fuerzas armadas ordinarias (par. 451(d)).[2]

El derecho del gobierno para instituir y mantener un ejército, incluído el derecho al reclutamiento, ha sido reconocido y apoyado por los tribunales. Mientras que el servicio militar actualmente es voluntario, todos los jóvenes de 18 años están obligados a inscribirse en el Selective Service System, la agencia civil encargada de llevar a cabo un reclutamiento militar cuando la ley se lo requiera. La Militay Service Act estipula el servicio militar obligatorio.

El alistamiento en las fuerzas armadas está permitido a partir de los 17 años de edad.

Aunque el alistamiento en las fuerzas armadas es voluntario, el número de personas de clases socioeconómicas bajas en las fuerzas armadas es desproporcionadamente alto. El movimiento pacifista de EE. UU. lo denomina "el reclutamiento de la pobreza".

Asímismo, el número de personas de color en las fuerzas armadas es también desproporcionadamente alto. Informes recientes indican que esta tendencia está cambiando. El número de jóvenes negros que se plantean una carrera completa en las fuerzas armadas ha descendido un 59 por ciento desde 1989. En número de jóvenes blancos que se plantean la misma carrera también ha bajado, pero sólo un 19 por ciento[3].

El "Selective Service System" o Sistema de Servicio Selectivo

Según la ley Military Selective Act, todos los hombres nacidos en o después del 1 de enero de 1963 están obligados a inscribirse "durante los sesenta días contados desde treinta días antes del decimoctavo aniversario de su nacimiento" y a partir de entonces a comunicar a las autoridades del Selective Service en un plazo de diez días cualquier cambio de domicilio hasta su 26º cumpleaños.
La ley Militay Selective Service Act no estipula la inscripción como objetor de conciencia ni ningún procedimiento especial para los objetores de conciencia. Según la organización Conscience and Peace Tax International: "Lo importante es que nadie obligado a inscribirse puede abstenerse legalmente por motivos de objeción de conciencia. Tampoco bajo el sistema de inscriprión renovado existe ningún modo de ser clasificado oficialmente como solicitante del estatus de objetor de conciencia en el momento de la inscripción, que de hecho había estado siendo el momento previsto para presentar dicha reclamación. El resultado es que aquellos cuya conciencia no les permita inscribirse no tienen otra opción que quebrantar la ley"[4]

La negativa a inscribirse para el servicio militar obligatorio puede castigarse hasta con cinco años de prisión y multa de 250.000 $. Además, a aquellos que no se inscriben les son denegadas ayudas federales para educación y formación laboral[5]. Existe una limitación de cinco años para el inicio del encausamiento, es decir hasta los 31 años de edad. De hecho, históricamente, el procesamiento ha sido utilizado generalmente como el último recurso, y no ha habido persecución una vez cumplida la obligación legal, incluso con retraso. No ha habido condenas por la no inscripción desde 1985[6].
En la práctica, la inscripción es impuesta por la denegación de prestaciones disponibles para otros ciudadanos. Aquellos que no se han inscrito no pueden acceder a préstamos federales o becas para enseñanza superior, formación laboral financiada con fondos federales, o a la mayoría de trabajos en la administración federal. El gobierno federal ha animado a los legisladores estatales y municipales a promulgar leyes semejantes. Con fecha de agosto de 2004, al menos 20 de los 50 estados (23 según la Selective Service Agency) establecían la inscripción para el reclutamiento como requisito previo para recibir financiación estatal para la enseñanza superior y 17 estados no darían empleo en ningún puesto de trabajo a los no inscritos. Nueve estados no permitían el ingreso en centros educativos estatales a los no inscritos. Los estados han sido animados a exigir la inscripción como requisito para obtener un permiso de conducir o una tarjeta fotográfica estatal de identidad; y, de nuevo como en agosto de 2004, 21 estados y el Territorio de las Islas Vírgenes lo han hecho así, y en Illinois la legislación al respecto estaba pendiente de la aprobación del gobernador. Once estados más, además del Distrito de Columbia y el Territorio de Guam han unido el procedimiento de solicitud del permiso de conducir a la inscripción para el reclutamiento para aquellos que no estuvieran ya inscritos, aunque varios no lo han hecho obligatorio. En total, sólo 11 de los 50 estados no establecen conexión entre la inscripción para el reclutamiento y la enseñanza superior, el trabajo para la administración estatal o los permisos de conducir; y en treinta existe conexión entre los tres asuntos[7].

Prácticas de Reclutamiento Militar

Además de la inscripción militar, la práctica del reclutamiento militar es motivo de preocupación. La ley No Children Left Behind Act fue promulgada por el Presidente George Bush el 8 de enero de 2002. Es una elaborada reautorización de la Elementary and Secondary Education Act (Ley de Educación Elemental y Secundaria) de 1965 que, entre otras cosas, inicialmente ofrece becas para las zonas escolares de bajos ingresos y establece los programas federales de "comida y leche". A pesar del intenso apoyo de los legisladores y políticos de Washington, está empezando a estar en entredicho por un apartado bastante escondido denominado Sección 9528, Acceso de las Fuerzas Armadas a los Estudiantes y a la Información de Reclutamiento de los Estudiantes.
Dicho apartado otorga a los reclutadores militares acceso a información privada de los estudiantes. Mediante este acceso, los reclutadores pueden hacer llamadas no solicitadas y realizar envíos postales con impresos de reclutamiento al domicilio de un joven. Padres, estudiantes, activistas por la educación pública y todos aquellos que trabajan por la desmilitarización de los centros educativos del país comienzan a ver la política legislativa de "puertas abiertas" a los reclutadores militares como una clara violación de la Privacy Act (ley de la Intimidad) de 1974.

El coercitivo lenguaje de la ley obliga a los institutos e instituciones receptores de ayudas según dicha ley a cumplir con dicha directiva. Su no cumplimiento conlleva que los institutos se enfrenten a renunciar a la financiación federal.

La ley incluye una cláusula de "solicitud de baja" (opt out), que establece: "(2) CONSENTIMIENTO - Un estudiante de educación secundaria o los padres del estudiante pueden solicitar que el nombre, dirección y lista de teléfonos del estudiante descritos en el párrafo (1) no se hagan públicos sin previo consentimiento paterno, asimismo la administración educativa local o escuela privada deben notificar a los padres sobre la posibilidad de solicitarlo y deben aceptar cualquier solicitud."

Esta cláusula, sin embargo, es controvertida debido a su vaguedad sobre cómo una institución educativa debe informar a los padres y estudiantes de dicha opción. Muchos institutos, sin embargo, no están cumpliendo la cláusula de privacidad o sepultan esta información sobre privacidad entre los documentos informativos que se entregan al ingresar en el instituto sin una clara explicación a los padres y estudiantes sobre el contenido de los mismos. Los distritos escolares de todo el país no usan un sistema homogéneo de información a los padres sobre dicha ley. Como resultado, muchos padres pueden no enterarse de que sus datos están siendo entregados en manos del ejército[8].

Además, el ejército de EE. UU. ofrece a los institutos su test ASVAB, que de hecho es el test de ingreso y asignación de destinos del ejército de EE. UU. Estos tests se proporcionan a los institutos gratuitamente. ASVAB es un test de tres horas que consta de 10 secciones: Conocimiento de Vocabulario, Comprensión Escrita, Razonamiento Aritmético, Conocimiento de Matemáticas, Ciencia Genérica, Conocimientos de Vehículos, Comprensión Mecánica, Información Electrónica, Operaciones Numéricas y Velocidad de Codificación. El test ASVAB está hecho para buscar talentos y habilidades naturales en áreas temáticas que se consideran importantes en diversas tareas militares.
Los resultados de varias secciones de la prueba son combinados según una fórmula para obtener una medición conocida como AFQT (Test de Calificación de las Fuerzas Armadas). El Congreso ha fijado unos resultados mínimos en el AFQT para la admisión en el ejército. Los valores varían según si la persona tiene un diploma de educación secundaria, el GED o no se ha graduado en la enseñanza secundaria.

El ejército emplea el ASVAB para realizar reclutamientos selectivos de jóvenes. Los reclutadores prestan especial atención a los estudiantes en su 11º o 12º curso que cumplen los mínimos resultados - a quienes denominan "pre-cualificados". Usan la información de los tests (resultados, nombre, dirección, etc) para identificar y buscar a los jóvenes que esperan que se alisten. Los reclutadores contactan con estos jóvenes por carta, teléfono y visitas a su domicilio o al instituto. Los estudiantes pueden recibir llamadas incluso si dicen que no están interesados en unirse al ejército. Una táctica común es dejar un mensaje a un estudiante concertando una cita con un reclutador, incluso sin solicitarlo el estudiante.

Aunque el ejército ha fomentado que los institutos hagan que todos los estudiantes realicen el ASVAB, los estudiantes no pueden ser obligados a dar esta clase de información personal al ejército. Desgraciadamente, algunos institutos dicen a los estudiantes que deben realizar el test o pueden tratar de coaccionarlos (acosándolos, riduculizándolos, asesores legales que les dicen que no les ayudarán en otros asuntos si no hacen el ASVAB). Aunque los institutos pueden hacer que sus alumnos realicen un test de evaluación aprobado por el estado, no hay obligación legal para que los estudiantes realicen el ASVAB[9].

Acoso a los activistas anti-reclutamiento
El estatuto Federal de los EE. UU. 18 U.S.C §2388 establece "las actividades que afecten a las fuerzas armadas durante la guerra. ... Cualquiera que, mientras los EE. UU. se encuentren en guerra, intencionadamente cause o intente causar insubordinación, deslealtad, amotinamiento o abandono del deber en el ejército o las fuerzas navales de los Estados Unidos, o intencionadamente obstruya el servicio de reclutamiento o alistamiento de los Estados Unidos, dañe al servicio o a los Estados Unidos o intente hacerlo- Será multado según este epígrafe o encarcelado durante no más de veinte años, o ambas penas"[10]. En Florida existe un código penal similar- no se conoce su existencia en otros estados.
Aunque el procesamiento por estas disposiciones no ha sucedido desde la década de 1940 y los mismos pueden ser considerados inconstitucionales según los estándares actuales[11], la existencia de éstas puede disuadir a los activistas anti-reclutamiento.

Sin embargo, más preocupante que los estatutos escritos en libros que no se aplican es el acoso existente contra los activistas anti-reclutamiento, que tratan de protestar en contra de o proporcionar contra-información sobre la presencia de reclutadores del ejército de EE. UU. en los institutos o en los campus de las universidades. A continuación se recogen varios ejemplos:

• Tres estudiantes del City College of New York (CCNY) y una trabajadora fueron detenidos por participar en una protesta pacífica contra los reclutadores militares en un foro de empleo en un campus en marzo de 2005. Los guardas jurados atacaron a Justino Rodríguez y Nicholas Bergreen y ambos sufrieron conmoción cerebral leve y hematomas profundos. La universidad también sancionó a un tercer estudiante, Hadas Their, simplemente por hacer fotos de la manifestación. Testigos recuerdan que los guardias arrancaron pelo a Their durante la detención.
Los tres fueron castigados por un delito menor de asalto a un oficial, resistencia a la detención y desórdenes. Dos días después, una trabajadora del CCNY, Carol Lang fue detenida en su trabajo y castigada por asalto en relación con la protesta[12].

• A principios de marzo, más de 150 estudiantes de la San Francisco State University (SFSU) se unieron a Students Against War (Estudiantes Contra la Guerra) y otros grupos para protestar contra la presencia de reclutadores militares en un foro de empleo patrocinado por la misma. El grupo inundó la feria, rodeando los puestos de reclutamiento. Cuando los reclutadores de la Fuerza Aérea esperaban el fin de la protesta, los estudiantes comenzaron una sentada pacífica. Al día siguiente, los reclutadores volvieron al foro de empleo de la SFSU. Tan pronto como dos activistas entraron el el recinto, ocho oficiales de policía los explusaron por la fuerza del centro de estudio, empujándolos y retorciendo el brazo a uno de ellos. Cuando la otra activista preguntó porqué le obligaban a irse, fue empujada hacia una entrada, se le dijo que estaba provocando un riesgo en caso de incendio y fue expulsada a patadas del edificio.

En las semanas posteriores a la acción, varios miembros de Students Against War recibieron "citaciones" oficiales de la administración. Las notas afirmaban que se habían recibido quejas y que cada estudiante debería reunirse individualmente con el departamento de Asuntos Jurídicos. Las notas especificaban que las reuniones debían ser confidenciales y no informaron a los estudiantes de la naturaleza de los cargos contra ellos[13].

•En la Universidad de Wisconsin-Madison 25 estudiantes fueron amenazados con ser detenidos si continuaban con su protesta pacífica contra los reclutadores del ejército y la CIA en el foro de empleo de su escuela, a pesar de que ningún oficial de policía ni administrador fue capaz de decirles qué norma del campus estaban contraviniendo.

•El jueves 29 de septiembre de 2005, 30 estudiantes del instituto Holyoke Community College (HCC) formaron un piquete pacífico contra el puesto de los reclutadores de la Guardia Nacional en la cafetería del instituto, organizado por la HCC Anti-War Coalition (Grupo del HCC Contra la Guerra), parte de la Campus Antiwar Network (Red de Campus Contra la Guerra).

El asalto de la policía comenzó después de que Peter Mascaro, el jefe de seguridad del campus arrebatara de las manos de un estudiante un cartel hecho a mano que decía "Los polis son hipócritas", calificándolo de "inapropiado". El oficial Scott Landry agarró al estudiante y, junto a otros tres oficiales, lo levantaron del suelo y le atacaron. Cuando otros estudiantes acudieron en su defensa, Landry agarró a otro estudiante, Charles Peterson - quien según testigos afirman se comportó de forma tranquila durante la protesta- hizo presa sobre su cabeza y le roció la cara con un espray irritante. Alrededor de 20 policías estatales equipados con material antidisturbios y máscaras de gas llegaron entonces a la cafetería. Cuando un estudiante trató de salir, se encontró con de 10 a 15 oficiales de policía apuntándole con sus armas. Con muchas dificultades los manifestantes pudieron dispersarse pacíficamente.
Los mencionados actos de acoso a los activistas anti-reclutamiento constituyen una violación de los artículos 19 y 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

•Artículo 19, párrafo 2: "Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección."

• Artículo 21: "Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás."

Salir del Ejército

Aunque el personal del ejército de EE. UU. accede al mismo voluntariamente, una vez que comienzan su servicio militar, salir del ejército no es siempre fácil, especialmente antes de la fecha de finalización de su contrato laboral. Aparte de bajas médicas y de otro tipo - todas ellas son determinadas exclusivamente por las autoridades militares- hay muy pocas vías para que un soldado pueda intentar finalizar un contrato unilateralmente.

En relación con los derechos humanos, existen principalmente dos aspectos a considerar: el derecho a la objeción de conciencia y las prórrogas de los contratos laborales por parte del ejército sin el consentimiento del soldado afectado (denominadas "stop loss").

Objeción de Conciencia

La objeción de conciencia no está prevista en la inscripción militar obligatoria, pero si el Congreso decidiera llamar a los reclutas al servicio militar obligatorio, tendrían derecho a la objeción de conciencia tal como prescribe la Sección 6(j) de la Militay Selective Service Act, que establece: "nada de lo aquí expuesto podrá ser interpretado para obligar al entrenamiento para el combate y el servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos a nadie que, por convicciones o creencias religiosas esté en conciencia en contra de su participación en la guerra de cualquier modo."[14]
Sin embargo, esto es actualmente hipotético, ya que -en la actualidad- el ejército de EE. UU. no se basa en la obligatoriedad para el reclutamiento.

En la situación actual de ejército completamente voluntario, el personal militar que manifieste una objeción de conciencia al servicio militar puede solicitar su reubicación en actividades de no-combate o ser liberado del servicio en las Fuerzas Armadas según la norma Department of Defense Directive 1300.6 de 21 de noviembre de 2003[15].

Dicha Directiva establece el procedimiento para conseguir el estatus de OC. El estatus de OC sólo se concede a un OC "que es contrario en conciencia a la participación en la guerra en cualquier modo, cuya oposición se basa en convicciones o creencias religiosas, y cuya postura se mantenga profunda y sinceramente." La Directiva define las creencias religiosas como: "Creencia en un poder o ser superior o una moral o ética a la que todo lo demás está subordinado o de lo que todo depende en último término, y que tiene el poder de obligar a toda criatura moral. No es necesario que el poder o ser superior sea una deidad ampliamente reconocida, sino que puede ser una creencia sincera y significativa que ocupe en la vida de su poseedor un lugar similar al ocupado por Dios u otro, o, en el caso de profundas creencias morales o éticas, una creencia mantenida con la fuerza y devoción de las convicciones religiosas tradicionales. La expresión "convicciones o creencias religiosas" puede incluir convicciones morales o éticas incluso si el propio solicitante no las califica como "religiosas" en el sentido tradicional, o expresamente las califica como no religiosas. La expresión "convicciones o creencias religiosas" no incluye una convicción basada únicamente en consideraciones políticas, pragmáticas, de conveniencia o de opinión política."

La Directiva no reconoce el derecho a la baja por ser objetor de conciencia, pero afirma: "Sin embargo, en la medida en que sea compatible con la eficacia y eficiencia de los Servicios Militares, una solicitud de calificación como objetor de conciencia y de alivio o restricción de las obligaciones militares como consecuencia de la misma se atenderá en la medida en que resulte viable y equitativa... " Esto significa que de hecho la objeción de conciencia está subordinado a la efectividad y eficacia del ejército.

El solicitante del estatus de OC debe remitir una solicitud por escrito y ser entrevistado por un capellán, un psiquiatra militar y un oficial investigador. La solicitud por escrito debe describir:

• La naturaleza de las convicciones del solicitante sobre la participación en la guerra.
• Cómo estas convicciones han cambiado o surgido desde que ingresó en el ejército.
• Cuándo y por qué las convicciones del solicitante le impiden continuar sirviendo en el ejército.
• Cómo ha cambiado el estilo de vida del solicitante como resultado de sus convicciones.[16]
• La decisión final sobre la solicitud se toma en el cuartel general de la unidad afectada[17].

Las normas vigentes para los objetores de conciencia que actualmente prestan servicio en el ejército de EE. UU. no cumplen con los estándares establecidos por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El procedimiento de solicitud no cumple la condición de "órganos de decisión independientes e imparciales encargados de la tarea de determinar si la objeción de conciencia es válida en un caso determinado, teniendo en cuenta la necesidad de no discriminar entre los objetores de conciencia sobre la base de la naturaleza de sus convicciones particulares"[18], dado que es realizado exclusivamente por el propio ejército, que no puede ser considerado como "independiente e imparcial".

Además, la Internacional de Resistentes a la Guerra está preocupada por los informes de acoso a soldados que solicitaron su baja por ser objetores de conciencia:
Kent (el nomre ha sido cambiado)relató a un asesor del Military Counselling Network (MCN) en Alemania que no pasaba un sólo día sin que alguien le recordara que es OC. Durante los ejercicios de instrucción, es el único soldado que no porta un arma. Es frecuentemente excluído por sus superiores y compañeros y se le asignan tareas y labores que nadie más en su unidad quiere realizar[19].

Camilo Mejía, Ejército de EE. UU
El viernes 21 de mayo de 2004, el sargento del la Guardia Nacional Camilo Mejía fue sentenciado a un año de prisión, degradación al nivel E-1, retirada de dos tercios del sueldo durante un año y baja por mala conducta por un tribunal militar en Fort Stewart. Camilo Mejía fué acusado de deserción, aunque había solicitado ser declarado objetor de conciencia.

Camilo Mejía se ocultó tras su regreso de su destino en Irag para un descanso con el fin de preparar su solicitud de declaración como objetor de conciencia. Esta solicitud le ha sido denegada. Camilo fue recluído en la prisión militar de Fort Sill, en Oklahoma, encarcelado por su objeción de conciencia a participar en la guerra. Recurrió la sentencia y salió de prisión el 15 de febrero de 2005[20].

Kevin Benderman

Kevin Benderman había trabajado como mecánico del ejército durante 10 años cuando le sobrevinieron objeciones morales y religiosas para participar en la guerra de Iraq, después de servir allí en 2003 y se negó a ser destinado allí de nuevo. Tras contemplar las escenas de destrucción en Iraq y a través de su lectura tanto de la Biblia como del Corán, Kevin Benderman rellenó una solicitud para ser declarado objetor de conciencia el 28 de diciembre de 2004.

Su solicitud fue rechazada el 27 de abril y fue sentenciado a 15 meses de prisión por el correspondiente tribunal militar. Amnistía Internacional considera su objeción a la guerra como genuina y fiable y también que dio los pasos razonables para su relevo seguro de sus obligaciones militares, y por lo tanto lo considera un preso de conciencia[21].

Especialista de la Guardia Nacional Katherine Jashinski
Jashinski se enroló en el ejército de EE. UU. en abril de 2002. Solicitó su declaración como objetora de conciencia en junio de 2004. Durante 18 meses, mientras la decisión sobre su situación estaba pendiente, cumplió con su compromiso con el ejército e hizo todo aquello que se le ordenó. El 6 de octubre de 2005, el órgano encargado de su solicitud, el Department of the Army Conscientious Objector Review Board, denegó su solicitud de declaración como OC. Ella entabló un pleito en un tribunal federal reclamando que un juez ordenase su separación del ejército.
El 10 de noviembre de 2005, el Juez de Distrito Federal de EE. UU. Orlando García de San Antorio denegó su petición de mandato judicial, afirmando que "Los intereses de un soldado no tienen más peso que los intereses de todo un país."

El 13 de noviembre de 2005 fue destinada a Fort Benning para completar su entrenamiento en armas. Allí se negó a la instrucción con armas. Actualmente está esperando su castigo por parte del ejército de EE. UU. [22]
Órdenes "Stop Loss" o "detener las bajas"

Durante una movilizacion, el Presidente de EE. UU. puede "suspender cualquier disposición legal relativa a la promoción, jubilación o separación del cuerpo aplicable a cualquier miembro de las Fuerzas Armadas."(10 USC §12305(a)). Aquellos que finalicen su período de alistamiento pueden ser retenidos involuntariamente, transferidos al Individual Ready Reserve, a la Standby Reserve y serles suspendidos todos los permisos administrativos.

Algunos ejemplos:

Carl Webb

Carl Webb, de 38 años, es miembro de la Guardia Nacional de Texas y veterano del ejército de EE. UU. En 2001, tras siete años fuera del servicio, se alistó en la Guardia Nacional con intención de permanecer durante sólo tres años. Su período de servicio finalizaba el 22 de Agosto, sin embargo, menos de 2 meses antes del fin de su período de servicio fue informado de que su duración se había prolongado involuntariamente y sería enviado a Fort Hook para recibir entrenamiento y sería enviado a Iraq en Noviembre

Webb es uno de tantos reservistas que ha sido forzado a participar en la guerra de Iraq bajo el programa "stop-loss". "Esta política es prácticamente un reclutamiento forzoso oficioso", afirmó Webb. "Es un reclutamiento en contra de la voluntad de una persona."

El punto de vista de Webb es que "La guerra es inmoral y una agresión ilegal de EE. UU.", según afirmó. "Se trata de petróleo y beneficios".

Carl Webb espera pasar un tiempo en la cárcel por seguir su conciencia[23].

Emiliano Santiago

Emiliano Santiago se alistó en la Guardia Nacional de Oregón el 28 junio de 1996, poco después de su graduación en el instituto. Sirvió con honor, llegó a ser sargento y fue liberado del servicio en junio de 2004, tras 8 años en el cuerpo.

En octubre de 2004, más de tres meses después de su baja, el gobierno prorrogó su fecha de fin de contrato - hasta el 24 de diciembre de 2031 (!); la unidad de Santiago fue destinada a Fort Sill, Oklahoma, el 2 de enero de 2005.[24]

Las órdenes "stop-loss" son problemáticas desde un punto de vista legal:

1.Las órdenes "stop-loss" violan los estatutos que prohíben la prórroga involuntaria del alistamiento sin una declaración de guerra o emergencia nacional del Congreso;

2.El estatuto que concede autoridad presidencial para suspender las leyes de separación y jubilación en cualquier momento a los reservistas en servicio activo delega inconstitucionalmente la autoridad del Congreso de "formar ejércitos" permitiendo el reclutamiento forzoso de veteranos de combate al antojo del Ejecutivo (y el ejército);

3.Las órdenes "stop-loss" son arbitrarias y caprichosas, porque la justificación empleada está basada en información falsa (o la información se ha ocultado), y además viola los derechos del personal en servicio y la ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedures Act);

4.La orden "stop-loss" incumple los contratos de alistamiento del personal de servicio.

El Comité de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) abordó el caso de la posibilidad de un reenganche de los soldados profesionales en dos casos, relacionados con la Convención sobre Trabajo Forzoso de 1930. El CEACR "destaca que los militares de carrera que se hubiesen incorporado voluntariamente, no pueden ser privados del derecho de dejar el servicio en tiempo de paz, dentro de plazos razonables, bien sea a intervalos determinados o con el correspondiente preaviso, a reserva de las condiciones que pueden exigirse normalmente para garantizar la continuidad del servicio"[25].

Según el Convenio sobre Trabajo Forzoso, sólo "cualquier trabajo o servicio que se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio y que tenga un carácter puramente militar" no se considera como trabajo forzoso - por lo tanto todos aquellos que voluntariamente se alisten en el servicio militar entran en el ámbito del Convenio.

En tanto que el CEACR restringe el derecho a abandonar el ejército "dentro de plazos razonables" a tiempos de paz, debe tenerse en cuenta que los Estados Unidos no han declarado formalmente la guerra, y no se encuentran por tanto en estado de guerra.

Además, la "stop-loss" no tiene que ver sólo con el derecho a dejar el ejército, sino que constituye una prórroga unilateral de un contrato laboral (militar).

Conclusiones

Este informe ofrece sólo una pequeña aproximación sobre los problemas de derechos humanos relacionados con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América - limitado a asuntos relacionados con la guerra y la conciencia. No trata otros problemas de derechos humanos dentro del ejército de EE. UU.: discriminación contra homosexuales bajo la política de "no preguntar, no hablar", acoso sexual, especialmente a mujeres soldado, y violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército de EE. UU. durante operaciones militares: Afganistán, Iraq, ...

Sin embargo, este informe muestra que incluso sin reclutamiento obligatorio todavía pueden darse muchos problemas en relación con los derechos humanos, especialmente en lo referido al derecho de objeción de conciencia y al abandono de las Fuerzas Armadas.
Esto da muestra de que los problemas de derechos humanos no están relacionados con un determinado tipo de "formación de un ejército", sino que son un problema inherente a cualquier tipo de ejército.

Nota del traductor:

Todas las traducciones de textos legales del ordenamiento de EE. UU. presentadas en este documento carecen de validez oficial y en caso de duda o contradicción se remite al texto original en idioma inglés.

Notas

[1] El término stop-loss es utilizado en el ámbito bursátil para referirse a órdenes de venta a un precio fijado para evitar pérdidas. En este caso equivaldría a una orden dada para evitar que los soldados puedan retirarse voluntariamente del servicio, aunque su contrato haya finalizado. (N. del T.)
[2] US Department of Defense, Office of General Counsel 1996. Respuesta al cuestionario de CONCODOC, 3 de septiembre de 1996.
[3] McHugh, Jane 1996. ’Young, gifted, black - but not in the army’, Army Times, 20 de mayo de 1996.
[4] Conscience and Peace Tax International: Military Recruitment and Conscientious Objection in the United States of America, Briefing for Human Rights Committee Task Force, Octubre 2005
[5] Mager, Andy 1988. United States Report to International Conscientious Objectors’ Meeting (ICOM). War Resisters’ League, New York.; NISBCO 1990. Who is a Conscientious Objector? leaflet, November 1990. NISBCO, Washington DC.
[6] Conscience and Peace Tax International: Military Recruitment and Conscientious Objection in the United States of America, Briefing for Human Rights Committee Task Force, October 2005
[7] Conscience and Peace Tax International: Military Recruitment and Conscientious Objection in the United States of America, Briefing for Human Rights Committee Task Force, October 2005; Center on Conscience and War: State penalties for non-registrants, August 2004, http://www.centeronconscience.org/statepen_chart.pdf
[8] AFSC: No Child Left Behind Act Overview, http://www.afsc.org/youthmil/militarism-in-schools/no-child-overview.htm, visitado el 12 de marzo de 2006
[9] AFSC: ASVAB Testing. What Students and Educators Should Know about Military Testing in our High Schools, http://www.afsc.org/youthmil/militarism-in-schools/ASVAB.htm, visitado el 12 de marzo de 2006
[10] Kat Rakowsky: Counter-Recruitment: Legality of Statutes Proscribing Counter-Recruitment Efforts, http://www.nlg.org/mltf/Legality_Counter_Recruitment.pdf, visitado el 12 de marzo de 2006
[11] Kat Rakowsky: Counter-Recruitment: Legality of Statutes Proscribing Counter-Recruitment Efforts, http://www.nlg.org/mltf/Legality_Counter_Recruitment.pdf, visitado el 12 de marzo de 2006
[12] Dani Barley: UNITED STATES: Students fight the military machine, From Green Left Weekly, April 13, 2005, http://www.greenleft.org.au/back/2005/622/622p24.htm
[13] Dani Barley: UNITED STATES: Students fight the military machine, From Green Left Weekly, April 13, 2005, http://www.greenleft.org.au/back/2005/622/622p24.htm
[14] Mager, Andy 1988. United States Report to International Conscientious Objectors’ Meeting (ICOM). War Resisters’ League, New York; Toney, R.J. 1996. Military Service, Alternative Social Service, and Conscientious Objection in the Americas: A Brief Survey of Selected Countries. NISBCO, Washington DC, USA.
[15]http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/d13006wch4_082071/d13006p.pdf
[16] GI Rights Hotline: Fact Sheet: Conscientious Objection, http://www.objector.org/girights/gettingout/conscientious-objection.html#38276, accessed 12 March 2006
[17] Comisión de Derechos Humanos de la ONU, 1994. Informe del Secretario General preparado según la Resolución de la Comisión 1993/84 (y anexos). Naciones Unidas, Ginebra..
[18] Objeción de conciencia al servicio militar, Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 1998/77, http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/5bc5759a53f36ab380256671004b643a?Opendocument
[19] Jared Diener: Voices. Sound Off, Newsletter of the Military Counselling Network, Volume 2, Issue 3, September 2005, http://www.getting-out.de/Sound%20Off%20-%20Sept%202005.pdf
[20]http://www.tomjoad.org/WarHeroes.htm#listresisters
[21]http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR511372005?open&of=ENG-345
[22] Ver nota 1
[23]http://www.tomjoad.org/warheroes2.htm
[24] Bill Bigelow: The Recruitment Minefield, Spring 2005, http://www.nlg.org/mltf/youth.html#LIES
[25] CEACR: Observación individual sobre el Convenio núm. 29, Trabajo forzoso, 1930 Uganda (ratificación: 1963) Publicación: 2002, Documento Nº. (ilolex): 062002UGA029 (en inglés), http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=6043&chapter=6&query=Uganda%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0, ver también CEACR: Observación individual sobre el Convenio núm. 29, Trabajo forzoso, 1930 Iraq (ratificación: 1962) Publicación: 2001, Documento Nº. (ilolex): 062001IRQ029 (en inglés), http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconv.pl?host=status01&textbase=iloeng&document=5486&chapter=6&query=Iraq%40ref&highlight=&querytype=bool&context=0

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