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Decenas de activistas se introducen en bases militares para denunciar la guerra y la «patriot act» británica.

Dos veteranas de Greenham Common pueden ser condenadas a cárcel

Sección:Desobedece a las guerras
Jueves 6 de abril de 2006 1 comentario(s) 2500 visita(s)

En 1981, un grupo de mujeres acampó a las puertas de una base militar británica en la que se iban a almacenar armas nucleares. La protesta en las instalaciones de Greenham Common duró 19 años y cambió la idea que del activismo pacifista se tenía en Reino Unido. Ahora, 25 años después, dos abuelas que participaron en aquellas protestas pueden convertirse en las primeras víctimas de la nueva legislación antiterrorista aprobada por el Gobierno laborista de Tony Blair, y pasar hasta un año en la cárcel por rebelarse precisamente contra esa ley.

Helen John, de 68 años, y Sylvia Boyes, de 62, fueron arrestadas el pasado sábado por la policía militar por dar un corto paseo (apenas cinco metros) por el camino de seguridad que usan los centinelas de la base estadounidense de Menwith Hill, según informa el diario británico The Independent. Pasaron 12 horas detenidas, para quedar luego en libertad bajo fianza.

Estas mujeres que han sido arrestadas entre las dos más de una docena de ocasiones, portaban unos alicates, martillo y pancartas manifestando su oposición a la nueva ley. Habían preparado declaraciones denunciando la política militar de EEUU y expresando su apoyo a los habitantes de las islas de Diego García y Chagos, que fueron expulsados de sus hogares para instalar allí las bases de EEUU.

Las dos mujeres, que entre ambas suman 10 nietos, querían llamar la atención sobre una ley que los grupos de libertades civiles consideran que carga contra la libertad de expresión y el derecho a manifestarse. La nueva legislación, que entró en vigor la semana pasada, convierte a todos aquellos que se cuelen sin permiso en una base militar en Reino Unido en terroristas en potencia, pudiendo ir a la cárcel un año o sufrir una multa de 5.000 libras. Según esta ley, los activistas que irrumpieron en 10 bases militares británicas en los últimos días pueden ser procesados por la Ley contra el Crimen Organizado.

”Estoy dispuesta a ir a la cárcel”

John, que el año pasado fue nominada para el premio Nobel de la paz, afirmó tras su liberación: “Pensamos que era un tema realmente importante, y teníamos que plantarle la cara”. Boyes, que en 1999 fue absuelta por un tribunal de la acusación de dañar un submarino nuclear, añade: “Estoy perfectamente dispuesta a romper la ley, a ser acusada y a ir a la cárcel. El Gobierno cree que puede hacer lo que quiera y que el público pasivo aceptará todo lo que le echen. Creo que resulta muy preocupante”.

El pasado mes de octubre, un manifestante fue procesado sólo por leer la lista de los soldados británicos caídos en Irak, eso sí, en Whitehall, el área londinense donde tienen su sede el Parlamento y el Gobierno, entre otros órganos oficiales. Un mes antes, durante el congreso laborista, un activista por la paz que sobrevivió al nazismo fue detenido por interrumpir con sus protestas al ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw.

Además de Menwith Hill, las instalaciones afectadas por la nueva ley incluyen Fylingdales, la estación de alerta temprana en North York Moors y las bases de EEUU en Mildenhall y Lakenheath en East Anglia. Desde la próxima semana la prohibición cubrirá también tres instalaciones nucleares - Aldermaston en Berkshire, su instalación de investigación cerca de Burghfield y la base naval de Devonport en Plymouth. La decisión del Gobierno sugiere que ya está preparándose para las protestas que seguirán a la esperada decisión de renovar los submarinos Trident con una nueva generación de armamento nuclear.

Similares restricciones se anunciarán pronto para determinados lugares no militares como palacios reales y edificios gubernamentales.

Los grupos pacifistas y de defensa de los derechos civiles han expresado su indignación por la nueva legislación, en la que ven un «nuevo intento draconiano (por parte del Gobierno) de reprimir las protestas legítimas con el pretexto de la guerra antiterrorista».

Según Shami Chakrabarti, directora de la organización de defensa de los derechos humanos Liberty, bajo la nueva legislación no son ya los tribunales o el Parlamento quienes deciden cuando un manifestante pacífico debe ser considerado un criminal sino que ello corresponde al Ministerio del Interior.

Para las dos mujeres que llevaron su protesta a la base de Menwith Hill, la nueva legislación británica es una ’patada’ a la Carta Magna, de 1215, fundamento de las libertades británicas.


A partir de artículos en The Independent , El País, y BBC-Mundo.

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Comentarios


  • Decenas de activistas se introducen en bases militares para denunciar la guerra y la «patriot act» británica.

    7 de abril de 2006, por gavilan

    Hay que trabajar mucho, pero me cuesta entender por qué la ciudadanía no se opone con más entereza y fuerza a esta vergüenza que son las guerras. Y, por supuesto, a que con nuestros impuestos se financie esa maquinaria siniestra. Luego, claro, no hay residencias públicas para ancianos, no hay centros para jóvenes, se privatiza cada vez más la sanidad, la enseñanza, todos aquellos servicios a los que debería tener derecho cualquier ser humano por el hecho de haber nacido. ¿Cuándo despertaremos, coño, cuándo?


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