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Cthuchi Zamarra

Militarismo en Palestina

Militarismo en Palestina

Ya en el momento fundacional del Estado Israelí, en 1948, se produjo una primera crisis humanitaria al obligar a desplazarse por medio de la destrucción de un total de unos cuatrocientos pueblos a la mayoría de la población árabe que habitaba Galilea y el Néguev. Estas regiones habían sido controladas por Israel tras una cruenta guerra con los árabes, mientras que las provincias vecinas de Gaza y Cisjordania, entonces pertenecientes a Egipto y Transjordania (la actual Jordania), acogieron como refugiadas a unas 750.000 personas. El resto, unas 150.000 que permanecieron en Israel, pasaron a convertirse en “árabes-israelíes”, aunque no por ello gozaran de todos los derechos de la ciudadanía al quedar excluidos de todos los beneficios sociales por no haber realizado un servicio militar del que son sistemáticamente excluidos. En la mentalidad sionista los árabes-israelíes no pagan, es decir, no prestan el servicio militar de tres años los hombres y dos las mujeres más el mes anual de los reservistas, por lo que no tienen derecho a recibir. Los 800.000 árabes-israelíes de la actualidad no son por tanto considerados ciudadanos, sino extranjeros sin derechos sobre el territorio.

No obstante, el nacionalismo Israelí más radical, conocido como “gran sionismo”, establece reivindicaciones territoriales exclusivistas también sobre Cisjordania y la Franja de Gaza, arrebatadas ambas a Jordania y Egipto respectivamente en la Guerra de los Seis días del 67, junto con la meseta del Golán a Siria y la península del Sinaí, devuelta a Egipto en el 82. En total, la situación de ocupación que desde 1967 se vive en estas provincias, llamadas “Territorios Ocupados”, ha generado el éxodo de otras dos millones y medio de personas actualmente refugiadas en Jordania, Líbano y Siria y a las que hay que sumar además más de millón y medio que viven confinadas en campos de refugiados en las propias Gaza y Cisjordania, descendientes del éxodo del 48. El sionismo se trata de legitimar en la consideración de que la Tierra Prometida fue otorgada por Dios al pueblo judío, argumento que impide cualquier posibilidad de debate al respecto, pues se considera dogma religioso y la judía no es una religión pacifista precisamente. Sin embargo, la israelí es una sociedad que, aunque basa su identidad étnica en términos religiosos, es de carácter eminentemente occidental y, como tal, laica y secularizada. En este sentido la legitimación que obtiene el sionismo parte de la persecución ancestral del pueblo judío en su diáspora, que ha generado un complejo paranoide reafirmado por el holocausto perpetrado por los nazis durante la segunda guerra mundial. Desde este punto de vista, el judío se contempla a si mismo como una eterna víctima sin un lugar en el mundo, de forma que la ocupación es en realidad una guerra de supervivencia del tipo “o ellos o nosotros” y se tacha de antisemita todo lo que sea antisionista y se elimina también cualquier posibilidad de debate. A esto hay que añadir la exarberación del enorme prejuicio racista propio de Occidente que hace considerar a los árabes como “guarros”, “vagos”, “machistas”, “indisciplinados”, “traicioneros” y demás calificativos que siempre han acompañado al desprecio de las clases bajas por las altas.

Junto al problema de la gente desplazada, el sionismo ha generado un sistema de segregación absoluta, de “aparheid”, en los Territorios Ocupados que tiene como fin último el desplazamiento de la población no judía de la zona. Y esta es la esencia del conflicto árabe-israelí, pues en los Territorios Ocupados la vida de los tres millones y medio de árabes-palestinos se subordina por completo a la de los aproximadamente trescientos ochenta mil colonos judíos que se han instalado allí. En algunas zonas estas desproporciones se multiplican, así en el departamento de Nablus, que incluye ocho pueblos y dos campos de refugiados, 184.000 palestinos viven rodeados por 8 colonias israelíes con unos 6.000 colonos. En Gaza la desproporción es todavía aún mayor, pues 1.300.000 palestinos viven subordinados a 5.000 colonos israelíes. Estas colonias están directa e indirectamente subvencionados por el gobierno israelí a través de la obtención de ventajas fiscales, de la concesión de subvenciones a la industria y al consumo y de la construcción de infraestructuras tales como carreteras para su uso exclusivo. Además en las colonias funcionan milicias paramilitares armadas por el gobierno y desde ellas se construyen los llamados “enclaves ilegales” que posteriormente se convertirán en colonias, para lo que confiscan la tierra, especialmente la que tiene pozos, talan árboles o roban olivos (literalmente, pues se arrancan y trasladan).

Políticas de restricción del movimiento.

A pesar de la aparente aceptación de los acuerdos de Oslo de 1993 y 1995, Israel no abandonó la ocupación de Gaza y Cisjordania y continuó con su política de expropiación de tierras, de apropiación de recursos naturales, demolición de casas y el decreto de estado de excepción permanente, con toques de queda y bloqueos de carretera continuos como se venían haciendo desde 1967. Nada más empezar la Segunda Intifada en Septiembre de 2000, cuando la población árabe no pudo resistir más las provocaciones del entonces candidato Ariel Sharon en la Explanada de las Mezquitas ante la persistencia de la humillación constante de la ocupación, se bombardearon con F-16 las instalaciones de la Autoridad Nacional Palestina y quedó casi completamente desestructurada como fuerza de orden público. Todas estas medidas se legitiman en base a una estrategia de “seguridad preventiva” y llegan justificar extremos absurdos como la existencia de controles militares (los llamados check-points) y bloqueos de carretera entre ciudades palestinas para evitar la entrada de supuestos terroristas en Israel, pero que en realidad pretende una desconexión entre las comunidades palestinas. Los check points constituyen además una de las fuentes de humillación más grandes para el pueblo palestino, que ve como se le prohibe el paso y como se les retiene innecesariamente y sin explicación alguna a capricho de soldados del puesto. La organización de mujeres israelíes especializada en la vulneración de los derechos humanos en los check points, Machsom Watch (véase www.machsomwatch.org), ha denunciado la perversión de los soldados y, especialmente, las soldadas israelíes de los controles militares que humillan intencionadamente a la población árabe que trata de moverse por su país.

Así mismo, muchas carreteras se cortan a través de barricadas hechas con bloque de hormigón que obligan a pasar a pie o en el mejor de los casos dar un rodeo para poder ser controlado por alguna de las omnipresentes torres vigía israelíes. Este bloqueo del paso ha generado un sistema de transporte de bienes de un lado del check-point al otro lado por un sistema de “espalda a espalda”, e incluye todo tipo de “mercancías”, incluidas medicinas y pacientes de ambulancias. Según datos de la Unión de los Comités de Labores Sanitarias (UHWC) esto ha generado que tan sólo en el año 2002 murieran 600 personas por retrasos producidos por los check points y otras 68 en los check points mismos. Otra forma de restricción del movimiento se da en las llamadas zonas militares cerradas, como Al-Mawasi o Al-Safaya en Gaza, que barrios son accesibles sólo a residentes y con continuos toques de queda que impiden entrar o salir de su domicilio durante días o semanas. A la par existen bloqueos temporales al tener los militares capacidad para declarar áreas militares cerradas, restringir el uso de carreteras sólo a colonos o imponer toques de queda a su antojo.

Todo este control de movimientos ya de por sí humillante se agravó a partir de Junio de 2002 con la construcción en varias fases por parte de la administración de Sharon del llamado Muro de la Vergüenza (también conocido como Muro del Apartheid) que trata de proteger un buen número de colonias israelíes, situadas en la tierra más fértil, y desplaza la Línea Verde, que separa Israel de los Territorios Ocupados, unos 7 kilómetros hacia el interior, con el consiguiente control del acuífero del subsuelo, de vital importancia en el conflicto. La tercera fase de dicho muro, aprobada el 1 de octubre, entre Qalqiliya, ya totalmente rodeada por una pared de hormigón de 8 metros de alto, y Ramala, implica la penetración de hasta 12 kilómetros en Cisjordania, cuya parte más ancha ronda los 40 kilómetros. Tal y como constata Amnistía Internacional en su informe “Sobrevivir bajo el asedio” de septiembre de 2003, la construcción del Muro implica muchas veces la separación de las poblaciones palestinas de su tierra de cultivo, como en Quafin donde el 60% de la tierra cultivable quedó al otro lado; la propia retirada olivos, como los que arrancaron en Qalqiliya en septiembre de 2002 justo antes de la cosecha de aceituna; o la obstaculización al paso diario hacia el trabajo de los palestinos que en su mayoría trabajaban en la propia Israel al tratarse de zonas cercanas a la Línea Verde.

Otra forma de control del movimiento efectuada por los militares israelíes es la imposición de toques de queda en las ciudades de Cisjordania efectuada tras el control de las mismas en el inicio de la Segunda Intifada. La dinámica de los mismos obedece a las mismas causas que el resto de la política de segregación, es decir, la facilitación de movimiento de los colonos judíos a costa de las libertades y derechos de la población palestina. Las consecuencias de esto hacen que en el área H2 de Hebrón 30.000 palestinos vivan bajo toque de queda parcial para que se puedan mover 500 colonos, o que Nablus haya vivido bajo toque de queda de 24 horas durante más de cinco meses en 21 de junio de 2002. Los toques de queda implican que los soldados israelíes pueden disparar a cualquiera que vean por la calle y no se puedan por tanto realizar tareas cotidianas como ir al trabajo, a la compra o arreglar averías. Una de las tareas del Movimiento Internacional de Solidaridad (ISM) (www.palsolidarity.org), organización a la que pertenecía la activista americana Rachel Corrie, asesinada el 16 de Marzo de 2003 por un bulldozer mientras se oponía al derribo de varias casas, es acompañar a la población palestina en sus tareas diarias para minimizar los efectos del toque de queda. El 28 de Mayo de 2003, activistas de ISM denunciaron que en Tulkarm los soldados de la policía fronteriza habían disparado a varios niños y niñas que iban al colegio en el quinto día de toque de queda, con el resultado de un muerto (Ibrahim Abed Al Fatahh, de 12 años) y varios heridos. También constataron que esto no era inusual, por lo que entre las labores de activismo han tenido que añadir tareas tan aparentemente insulsas como acompañar a los niños y niñas a la escuela para evitar que les disparen., actividades por las cuales han sido encarceladas y deportadas varias personas y por la que el británico Tom Hurndall recibió un disparo que le ha dejado clínicamente muerto el 11 de abril de 2003.

Derribos de casas e incursiones de invasión

La política de restricción de movimiento se ve complementada con una política de acoso que cristaliza en la demolición de casas que se basa en dos justificaciones: una como medida de castigo a las familias de los milicianos y suicidas palestinos y otra certificando la ilegalidad de las construcciones derribadas. Sin embargo, cuando derriba las casas de guerrilleros palestinos a menudo aprovechan para derribar más casas, imponer más bloqueos y destruir infraestructuras. Esto fue lo que hicieron por ejemplo el 12 de Junio de 2003 en Izbat Beit Hanoun, en la Franja de Gaza, cuando un par de aplanadoras blindadas junto con veinte tanques demolieron 13 casas para llegar a la que se lloraba la muerte del guerrillero fallecido Moussa Sahweil, además de destruir los sistemas de electricidad, agua y teléfono de gran parte de Beit Hanoun , obstaculizar con zanjas e instalar un nuevo control militar en la carretera a Salah al-din que prohibió el paso también a las ambulancias, llegando incluso a ser disparadas éstas. La otra estrategia para el derribo de las casas es declararlas construcciones ilegales,cosa que se está haciendo especialemente en territorio israelí, donde 12.000 viviendas habitadas tienen orden de demolición, según denuncia la organización mixta palestino-israelí Asociación de los Cuarenta. Estas viviendas han sido declaradas ilegales por estar situadas en alguno de los 123 pueblos árabes no reconocidos por el gobierno Israelí, como los de los beduinos del desierto del Neguev, que han sido forzados a abandonar su modo de vida nómada tradicional. Precisamente por no estar reconocidos estos pueblos carecen de representantes legales que les permita tener algún estatus oficial, mientras que a la vez no se les provee de agua electricidad o cualquier otro servicio.

Sin embargo lo peor de la ocupación israelí son las incursiones perpetradas por el ejército en ciudades o campos de refugiados palestinos, continuando la estrategia de terror y destrucción de la matanza de Jenin en abril de 2002, en la que se destruyó el campo de refugiados de dicha ciudad y se produjeron más de 200 muertes. En estas incursiones un gran número de tanques y vehículos blindados apoyados por helicópteros penetran en zonas habitadas y arrasan todo lo que pueden, provocando combates con los milicianos palestinos. Sin embargo, tal y como ha denunciado ISM, cuando las incursiones duran varios días se producen además saqueos de casas, destrucción de negocios o confiscación de mercancías con el agravante de que debido al racismo los soldados se entretienen humillando a la población. Así, sacan a la gente de sus hogares y les mantienen al sol durante horas o les retienen en calabozos improvisados sus propias casas e imponen toques de queda a toda la población. Además el ejército israelí no duda en disparar contra calles llenas de civiles cuando persigue guerrilleros, de forma que las víctimas pasan a se consideradas en el eufemístico lenguaje militar como meros “daños colaterales”, un número más en las estadísticas. Por el contrario, en Palestina son mártires cuyas fotos adornan las calles de cualquier ciudad de los Territorios Ocupados.

Todas estas duras condiciones han provocado una espectacular caída en la demanda de bienes y servicios y un aumento de los precios por los problemas de transporte, cosas que han hecho que la economía palestina se haya colapsado. Según datos de la propia ONU, mediante su oficina de la UNRWA (United Nations Relief and Works Agency), organización que también sufrió una baja al morir por disparos israelis Ian Hook el 22 de noviembre de 2002, el 60% de la población palestina vive con menos de 2 dólares americanos al día y las cotas de desempleo llegan hasta el 50% en un lugar donde, por supuesto, no existen sistemas sociales que lo cubran. En estas circunstancias se ha pasado a depender exclusivamente de la cooperación internacional para sobrevivir. Sin embargo, se ha creado la paradoja de que el principal beneficiario de toda la ayuda internacional sea Israel, que se ha liberado de sus obligaciones como potencia ocupante y se ahorra los 5.000 o 6.000 millones de shekels (la moneda israelí) al año que costaría dotar de servicios mínimos a los tres millones y medio de palestinos que viven en los Territorios Ocupados y pueda seguir impunemente aumentando las perversidades de la ocupación. En estas duras condiciones se puede entender la desesperación, frustración y resentimiento con el que vive la población palestina en la actualidad, traumatizada desde la infancia con la muerte y el dolor. Un pueblo que no acaba de ver nunca un final a su sufrimiento, pero que aún mantiene, junto con la renaciente disidencia antisionista israelí, la esperanza de poder tener por fin una coexistencia pacífica. Esperanza que va siendo truncada poco a poco con cada una de las matanzas de diariamente comenten los sectores más militaristas de cada parte en su pretensión de representar los intereses globales de ambos pueblos, cuando sólo obedecen a su propia interpretación del conflicto.

Alternativa Antimilitarista - Moc
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